Cuando la Defensoría del Pueblo emitió su alerta temprana sobre el contexto electoral, explicando que en más de 300 municipios los comicios regionales estaban en riesgo, el presidente Gustavo Petro respondió en su cuenta de X -su canal de comunicaciones predilecto- que realmente eran solo 17.

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Más de 50 días después, la Defensoría publicó un informe de seguimiento a la alerta. En este reiteró que 300 municipios podrían ser afectados por el accionar de grupos armados ilegales y por diferentes hechos de violencia contra las candidaturas. En 113 municipios persiste un riesgo extremo, y en otros 286, un riesgo alto.

Aun así, el 25 de octubre, en una rueda de prensa por el Plan Democracia Interinstitucional, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, mencionó que las autoridades “han detectado 43 municipios en los cuales hay que hacer una tarea especial”. Al día siguiente, la Defensoría indicó que en 133 municipios podría haber protestas, asonadas o demás conflictos sociales por la inconformidad de los votantes por las fallas de los mecanismos de protección de la legitimidad de las elecciones.

El mismo 25, más temprano, el fiscal general, Francisco Barbosa, informó que la entidad que dirige encontró alto riesgo de afectación de la jornada electoral en 261 municipios y un riesgo medio en otros 494. Es decir, en más de 700 podrían presentarse distintos delitos que podrían tener incidencia en el proceso electoral. Pero la atención se concentró en la legitimidad, o no, de la propuesta gubernamental de pagar recompensas a quienes aporten información que pueda ayudar a la cacería de compradores de votos.

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Mientras en la capital se debatía sobre la interpretación de la iniciativa y sobre quiénes debían adelantar labores investigativas, en la “Colombia profunda” a la que el actual gobierno se refería en campaña, persistían las vulneraciones a los derechos por cuenta, principalmente, de los grupos armados entre otros factores.

Entre agosto, cuando la Defensoría emitió la alerta temprana, y la semana pasada, cuando se presentó el informe de seguimiento, se registraron 204 acciones violentas contra candidatos y líderes sociales. Esa cifra, de hecho, es menor a la recogida entre enero y julio de este año, cuando hubo 173 conductas violentas.

Es decir, desde el llamado de atención de la entidad de derechos humanos hasta la consolidación de la evidente falta de articulación institucional aumentaron los acontecimientos delictivos que, por supuesto, influyen en la jornada electoral. No obstante, en medio de todo, el país avanzaba en un nuevo paso histórico en la búsqueda de la paz, pues se pudo firmar un cese al fuego bilateral con el Estado Mayor Central de las Farc.

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Pero la búsqueda de convivencia con esa disidencia también marcó un nuevo episodio de riesgo para las elecciones y de desarticulación entre entidades. Al iniciar la última semana previa a los comicios, el grupo liderado por ‘Iván Mordisco’ sugirió que en varios territorios quienes debían custodiar las elecciones eran las guardias indígenas, campesinas y cimarronas.

Tanto la Defensoría como la Procuraduría y las Fuerzas Militares rechazaron ese llamado y sostuvieron al unísono que “no hay zonas vedadas” para la institucionalidad. Sin embargo, todo el país se mantuvo en vilo cuando las Fuerzas Armadas, a lo largo de la semana, dieron señales de no poder entrar a El Plateado, un corregimiento del municipio de Argelia (Cauca) casi dominado por el EMC.

No fue sino hasta el viernes 27 de octubre, cuando el Ejército dio pruebas de que pudo desplegarse por el territorio, en el que la Registraduría Nacional había alertado sobre la imposibilidad de entregar el material electoral con el que cerca de 5.000 ciudadanos podrían depositar sus votos. Pero antes de la llegada de los uniformados, el protagonismo lo tuvieron quienes manejan el control territorial a causa de la falta de Estado: el Estado Mayor Central.

Con un comunicado, la Mesa de Diálogos entre el Gobierno y el EMC anunció que el grupo ilegal acompañaría a las entidades electorales en el corregimiento el 29 de octubre. El rechazo, de nuevo, fue unánime, pero evidenció una completa desconexión entre las mismas entidades que se agrupan en el Gobierno.

El ministro de Defensa, Iván Velásquez, tajantemente desestimó la posibilidad de que los subversivos pudiesen ser parte de la fiesta de la democracia, y luego se sumó el propio presidente, Gustavo Petro, quien indicó que ni él ni el comisionado de Paz habían dado semejante autorización.

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La Procuraduría, la Defensoría, la Registraduría, la Misión de Observación Electoral, todos se pronunciaron en contra de una manifestación reflejada en un comunicado oficial. 

En Cauca, por cierto, hubo tres conductas vulneradoras de los derechos humanos entre agosto y septiembre. Además, en ese departamento al menos trece municipios se encuentran en riesgo extremo, once tienen un riesgo alto y doce se mantienen con un riesgo medio, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo.

Asimismo, de acuerdo con Indepaz, de los 135 asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos que se han reportado en lo que va de 2023, veintiséis han ocurrido en Cauca. Uno de los más recientes sucedió el 20 de octubre, en Argelia, el municipio del que El Plateado es parte, y terminó con la muerte de Miller Silva Rosero.

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Además de Cauca, Nariño presenta 17 municipios en riesgo extremo. Norte de Santander le sigue, con 16; Chocó cuenta con 15, Bolívar tiene 9, y Antioquia y Caquetá, cada uno, tienen 7 municipios extremadamente riesgosos. Para esos territorios, y para candidatos en general, el defensor Carlos Camargo pidió medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que hasta el día de las elecciones no respondió.

La fuente principal del riesgo, además de la obstinada descoordinación interinstitucional, es la alta presencia de grupos armados ilegales. Las Autodefensas Gaitanistas de Colombia —o Clan del Golfo— están asentadas en 331 municipios, mientras que el Eln está en 231, el Estado Mayor Central está en 234, la Segunda Marquetalia se encuentra en 65, los Comandos de la Frontera están en 24 y otras disidencias de las Farc aparecen en el mapa de 34 municipios.
 

Las preocupaciones de la MOE

Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral, que se ha venido preparando desde hace meses para este nuevo proceso democrático en el que los colombianos saldrán a elegir a 32 gobernadores, 418 diputados, 1.102 alcaldes, 12.072 concejales y 6.513 ediles (juntas administradoras locales, JAL), se refirió a los riesgos de fraude, como también de la compleja propuesta del Gobierno Nacional de pagar a quien denuncie la compra de votos. 

¿Qué es lo que más le inquieta a la MOE para las elecciones?

La primera de ellas, indiscutiblemente, poder tener la información completa de cuáles son los candidatos inhabilitados, pero además de esos candidatos que están inhabilitados, poder saber cuáles son los candidatos y candidatas que van a aparecer en los tarjetones. Esa información es sumamente importante porque hay decisiones que se han venido tomando, por ejemplo, a través de tribunales o esta semana también en el Consejo Nacional Electoral. ¿Qué sería fundamental para poder que los ciudadanos tuvieran la información oportuna de esa persona? Poder tener esa información e irla actualizando. Posiblemente va a ser muy tarde ya para los ciudadanos.

¿Qué otras alertas hay?

Poder tener el registro de cuántas células inscritas fueron anuladas. ¿Por qué es importante este dato? Porque cuando finalizó el proceso de inscripción de cédulas empezaron a presentarse bastante alertas sobre trashumancia electoral. Hay una serie de municipios que tenían tasas muy altas de inscripción de cédulas que pueden ser presunta trashumancia electoral y uno de los problemas que usualmente se ve antes de las elecciones o el mismo día de las elecciones, es cuando empiezan a llegar ciudadanos o traslados a municipios, medianos a municipios pequeños y en algunos casos lamentablemente eso ha terminado en problemas de orden público.

Y en materia de riesgo por orden público, ¿qué preocupaciones existen?

La MOE presentó una actualización. Estamos hablando de que pasamos de 166 a 201 municipios en riesgo. En algunos disminuye el nivel de riesgo, en otros aumenta y hay otros nuevos, pero obviamente tiene que hacerse un seguimiento para poder definir entre otras cosas, si es necesario que se muevan algunas mesas de votación a cabecera municipal por seguridad de los votantes. También sobre las afectaciones en el manejo del material electoral en el traslado a algunos territorios.

¿Por qué le preocupa la propuesta del Gobierno de pagar a los que denuncien la compra de votos?

Se hace el anuncio de la entrega de la posible recompensa por la posible compra de votos y esto lo atamos a la debilidad institucional que se tiene para poder hacer seguimiento real vigilancia y control de la financiación de las campañas políticas. El día de la comisión de seguimiento electoral solamente el 5% de los partidos de las campañas, de 128.000 candidaturas, solamente el 5% había entregado algún tipo de información.

¿Pero se correría el caso de denunciar ‘falsos positivos’ en la denuncia de compra de votos?

Para nosotros es absolutamente claro dejar una claridad meridiana, que la Misión de Observación Electoral no paga por información, que nosotros recibimos información con un ejercicio ciudadano de lucha contra la corrupción de transparencia del proceso electoral y que quien establece el mecanismo, los procedimientos y las rutas para pagar por información sobre presunta compra de votos es el Gobierno Nacional. 

¿En este proceso electoral han recibido más quejas y denuncias frente a otras elecciones?

No, en procesos regionales lo que nosotros hemos visto es que de acuerdo al momento electoral es que se empieza a recibir más información y lo es cada vez más cerca de la fecha de la elección. 

Nosotros recibimos sobre temas relacionados con las diferentes modalidades de compra de voto, 240 informaciones ciudadanas y ese es un número muy parecido a lo que hemos recibido en otros procesos electorales.  

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