En Cúcuta y el área metropolitana la inseguridad es uno de los asuntos que más les preocupa a sus habitantes.
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Según la última encuesta de percepción ciudadana Mi Voz Mi Ciudad, de la Red de Ciudades Cómo Vamos, que se publicó en marzo pasado, más del 70% de los encuestados manifestó sentirse inseguro en la ciudad y un 42,1% no se siente seguro en su barrio, y la razón es la misma: los hurtos y homicidios que se registran a cualquier hora del día, sin importar el lugar.
En esta misma medición, el 51,8% de los consultados dijo que la seguridad debía ser uno de los principales temas al que debería prestarle atención la Alcaldía de Cúcuta.
Y si bien los indicadores de seguridad de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en el periodo enero-marzo muestran una reducción en ocho de nueve delitos, entre ellos el hurto a personas, residencias, comercio, vehículos y motocicletas, salvo el homicidio que tuvo un aumento del 15%, la percepción de inseguridad entre los cucuteños no cambia.
Los permanentes robos de camionetas de alta gama que se han registrado en los últimos meses y los atracos como el cometido hace apenas unos días en El Malecón, en el que dos jóvenes resultaron heridos, siguen generando un ambiente de zozobra en la capital nortesantandereana.
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Lo preocupante es que la propia Policía reconoce que no cuenta con los equipos y la tecnología suficientes para hacerle frente a la delincuencia, como lo señalaron esta semana durante una sesión en el Concejo.
“Escasamente contamos con 400 motocicletas y el 70 por ciento están obsoletas. Recibimos 1.000 llamadas a diario, pero no contamos con el Sistema de Emergencia y Seguridad, como sí lo tienen otras capitales. De cerro a cerro no nos podemos comunicar en la ciudad, porque el sistema caducó hace más de 20 años”, admitió el general Oscar Moreno, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta ante los concejales.
Este panorama es el que los cucuteños y nortesantandereanos esperan tenga un cambio positivo por parte de quien asuma la Presidencia de la República el próximo 7 de agosto, y más allá de la sola reducción en los indicadores, la ciudadanía pueda sentirse nuevamente tranquila en las calles y en sus casas.
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A propósito de esta radiografía y de la elección presidencial que se avecina, los investigadores de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) María Acosta Vélez y Jerónimo Castillo hicieron un análisis comparativo sobre las propuestas que consignaron cuatro de los seis candidatos que están en contienda en sus planes de gobierno, con el fin de ver de qué forma planean asumir el reto de mejorar la seguridad en Colombia.
En este artículo, La Opinión reproduce algunas de las principales conclusiones a las que llegaron los investigadores:
Reforma de las Fuerzas Armadas
La reforma de la Policía es un elemento central de las propuestas de seguridad. Gustavo Petro, Sergio Fajardo y Rodolfo Hernández coinciden en este sentido. Por su parte, Federico Gutiérrez es partidario de fortalecer la organización actual, una idea que no detalla mucho. Las cuatro propuestas consideran necesario mejorar o mantener las condiciones laborales de los funcionarios de la Policía.
Fajardo y Petro hablan también de reubicar la Policía: el primero en un nuevo Ministerio de la Seguridad Ciudadana y el segundo en el Ministerio del Interior o el de Justicia.
La discusión sobre el ESMAD es un punto importante, pero no apunta a los problemas de fondo. Fajardo y Hernández proponen aumentar el pie de fuerza, una fórmula tradicional e imposible, pero el exalcalde de Bucaramanga habla también de procesos de depuración.
Por otra parte, las propuestas sobre transformación de las fuerzas militares son aún más tímidas. Incluso Petro, quien podría ser más agresivo, propone desmilitarizar la sociedad (pero no es claro cómo lo haría), así como eliminar el servicio militar, el fuero penal y avanzar en el modelo de la meritocracia.
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Federico Gutiérrez propone mantener los privilegios como agradecimiento a la Fuerza Pública, y Hernández y Fajardo medidas para reforzar la institución.
El balance: ningún candidato señala un camino prometedor; por el contrario, se limitan a recoger las discusiones de los últimos tres años. Podría decirse que las propuestas de seguridad están entrampadas en reformas moderadas o insustanciales, como las de la Policía y el Ejército.
Las propuestas muestran una visión limitada del sistema de seguridad que desconoce la necesidad de tener una visión sistémica para reformar las institucionales.
Las campañas deberían profundizar sobre las asimetrías financieras, humanas y tecnológicas que existen entre las distintas autoridades y organismos de control que componen el sistema. Los candidatos consideran que el problema del abuso de autoridad se reduce a la reforma de estas dos instituciones, y olvidan que otras entidades incurren en lo mismo. Según encuestas de la FIP, el 25% de la población víctima de abuso en los municipios estudiados responsabiliza a otros funcionarios distintos a la Fuerza Pública.
Lucha contra la corrupción
La lucha contra la corrupción es uno de los pilares de todas las propuestas. La corrupción parece explicar todos los problemas del país, incluida la inseguridad.
Para solucionar este problema, Gustavo Petro propone más mecanismos de vigilancia; Sergio Fajardo plantea tratar el problema como si fuera crimen organizado y movilizar a las instituciones y a la sociedad en su contra; Federico Gutiérrez se concentra en la transformación de las instituciones, y Hernández organizó toda su propuesta en torno a la lucha contra la corrupción.
La diferencia fundamental entre las propuestas es cómo entienden la relación entre lo público y lo privado. Esto definirá buena parte de las estrategias, aunque todos comparten el deseo de detenerla.
La obsesión de todos los candidatos por transformar las instituciones es llamativa y transmite una terrible sensación de inseguridad frente al Estado. Eso no puede dejarse de lado.
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El país parece estar atrapado en esa lógica de seguridad que pretende proteger las instituciones y no a la sociedad, desconociendo el vínculo entre ambas. Esa distancia entre la sociedad y el Estado no promete nada bueno en términos de políticas de seguridad y sería seguir con lo mismo.
Sistema carcelario y penitenciario
Todas las propuestas incluyen reformas al sistema penitenciario y carcelario.
Las de Petro son las más arriesgadas: evolucionar hacia la justicia restaurativa, donde la reparación a los daños y una humanización de la pena juegan papeles importantes. Así podría entenderse la extraña y complicada idea del “perdón social”, esgrimida en los últimos días.
Por otro lado, Fajardo apuesta por la resocialización e incluye al pospenado en sus visiones, mientras que Rodolfo Hernández propone su idea de una “ciudad resocializadora”, donde puede leerse una intención de integración laboral y social de quienes han cometido delitos.
Por su parte, Federico Gutiérrez habla de la expansión del sistema penitenciario en conjunto con el sector privado y de mecanismos de reintegración en el ámbito laboral.
Difícilmente podrá superarse el estado de cosas inconstitucional del sistema penitenciario colombiano con las propuestas mencionadas. Las cárceles seguirán siendo un lugar donde enviar a los delincuentes, un lugar más conectado con la idea de reducir las posibilidades de cometer delitos que con la idea de la prevención. De nuevo una solución de fortalecimiento institucional.
Violencias basadas en género
Los candidatos no mencionan los delitos que afectan a la ciudadanía: para ellos la seguridad es algo abstracto. Federico Gutiérrez plantea enfrentar el fenómeno de los hurtos que tanto afecta la vida urbana, y todos hablan del fenómeno de las drogas desde diferentes perspectivas.
Pero el silencio frente a los delitos es una constante, con excepción de las violencias basadas en género. Con todo, aquí tampoco se ahonda en el problema; conviene recordar que la violencia contra las mujeres y las poblaciones diversas se basa en distintos delitos, con causas y forma de manifestarse distintas. El enfoque diferencial tiene un papel protagónico en todas las propuestas
Los candidatos tienen miedo, como todos
Las propuestas de los candidatos parecen inspirarse en un sistema de seguridad que se protege a sí mismo. No hay estrategias novedosas y preocupa que las pocas que se exponen giren en torno a la protección del sistema y no de los ciudadanos, algo que se refleja en las leyes.
Las propuestas tienen aspectos interesantes, pero no son claros los caminos ni las vías de financiación para lograrlos. Aunque este asunto es importante, las propuestas de seguridad de los candidatos no parecen ser las que definan el voto de los ciudadanos y su seguridad en el futuro. Por eso hay tanto silencio al respecto.
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