Eran más de 22 mil personas, la gran mayoría de las cuales terminó en sus lugares de origen, o donde estaban los empleos, y a todas el Estado les entregó un subsidio de vivienda con el cual pagar el alquiler de una vivienda de emergencia.

Hay en Cúcuta unos cuantos deportados de Venezuela convencidos de que el Estado debe solucionarles todos sus problemas personales —incluso pagarles las deudas que dejaron en el país vecino.

Para presionar a los recién instalados gobiernos regionales, estas personas están dedicadas a entorpecer las actividades normales de las calles de la ciudad, en actitud desafiante violatoria de las leyes, incluso penales.

No están, desde luego, solos en sus actividades. Tienen el respaldo y, desde luego, la orientación de organizaciones políticas que tratan, por todos los medios, de ocupar espacio en la actividad partidista local. Solo que no tienen cómo.

Sobre lo que podría ocurrir con los deportados y repatriados que no estaban dispuestos a recibir beneficios más allá de los de la emergencia, como estudios y trabajo, porque siempre es más cómodo recibirlo todo sin hacer nada, se advirtió en numerosas oportunidades. Los representantes del gobierno, sin embargo, se quedaron cortos en sus acciones.

El Estado les proporcionó a todos, sin distingos, la ayuda de emergencia que se acostumbra: comida, alojamiento en albergues, atención en salud, capacitación técnica, contactos para empleo, recreación, apoyo sicológico, electrodomésticos y trámite de documentos. Todo por 90 días y gratuito.

Los cucuteños, por su parte, con su ya proverbial espíritu generoso, dieron cuanto pudieron: ropa, transporte, menajes, medicinas y juguetes para los niños.

Eran más de 22 mil personas, la gran mayoría de las cuales terminó en sus lugares de origen, o donde estaban los empleos, y a todas el Estado les entregó un subsidio de vivienda con el cual pagar el alquiler de una vivienda de emergencia.

Pero un reducido grupo decidió quedarse en busca de que el Estado les dé vivienda gratuita y otros beneficios, e incluso dinero para pagar deudas que tenían en Venezuela. Desde luego, el Estado tiene que negarse de manera rotunda.

De no hacerlo, ¿de dónde obtendrá dinero para darles vivienda gratuita a las 22 mil personas a las que, por el principio constitucional de igualdad, habría que darles dónde vivir a costa de los demás colombianos?

El hecho de que este grupo, auspiciado por discursos políticos trasnochados, estén causando disturbios en la normalidad de Cúcuta, es razón suficiente para que las autoridades actúen como las autoriza la ley.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), tan diligente para acosar a algunas madres pobres que no saben qué hacer entre dejar a sus hijos solos en casa e ir a trabajar, esta vez está en mora de actuar.

Cada vez que estos deportados hace sus plantones o marcha por las calles, contra la ley, ponen en riesgo la integridad de los niños que los acompañan, en caso de que la Policía deba actuar para garantizar la tranquilidad de la comunidad.

Entonces, ¿por qué el Icbf no actúa? ¿Tal vez esos niños no clasifican entre los que debe proteger el organismo familiar? Y ¿por qué no sanciona a los padres irresponsables que los exponen todo el día a las muy duras condiciones del clima y a los riesgos de la calle? ¿Qué lección deja el Icbf a estos niños: que la protección del Estado alcanza para solo unos, y precisamente para ellos no?

Y ¿por qué la Policía no pone orden en las calles? Estas personas no tienen ya derecho a nada diferente de lo que recibieron todos los albergados, y se están convirtiendo en una molestia creciente e intolerable para los demás ciudadanos.

El Estado tiene métodos para hacer entrar en razón a ciudadanos como los de este grupo. Entonces, ¿por qué no aplicarlos?

Estas personas deben saber que su situación es consecuencia de sus actos: estaban en situación de ilegalidad en Venezuela, y en un acto de soberanía, ese país los devolvió a su origen.