Sancionar a las escuelas de enseñanza automovilista, porque no cumplen las normas, es tratar de arreglar una de por lo menos tres partes del problema de licenciar como conductores de auto a verdaderos ignorantes de un asunto de tal gravedad, que explica la mayor parte de las muertes violentas en Colombia.

Desde luego, respaldamos la medida de la Superintendencia de Puertos y Transporte de poner en cintura a esos centros donde anida parte de la corrupción que rodea toda la actividad relacionada con trámites de tránsito y transporte, no solo de licencias de conducir.

Las multas anunciadas para 97 de esas entidades en todo el país deben ser el comienzo de una gran cruzada nacional que limpie, de manera definitiva, todo ese mundo siniestro y maloliente al que se asocia todo lo relativo al tránsito y lo que lo rodea.

No hay duda de que mucho ha cambiado, pero más falta por hacer. Multas de 300 millones de pesos no deben ser por la carencia de un documento, sino por faltas verdaderamente graves.

Y tienen que serlo, pues las escuelas de manejo, como también se les llama, son, muchas veces, un estacionamiento de autos con una caseta donde inscriben a sus alumnos, a los que les dan una instrucción muy superficial de cómo poner en movimiento un auto y cómo detenerlo. Pero de medidas de seguridad y de todo el sistema de normas de comportamiento y de señales de tránsito es más lo que el futuro automovilista ignora que lo que alcanzan a enseñarle. Lo que importa es el dinero y la licencia.

Ni quienes dicen ser instructores ni algunos funcionarios —y el aspirante a licencia mucho menos— son conscientes de que un vehículo es un arma mortal de alto impacto que casi siempre es efectiva: deja daños, heridos y muertos, y que entregarla a cualquiera, sin la debida formación, es no solo una irresponsabilidad muy grave sino una negligencia criminal.

Quizás fuera oportuno que en cada accidente, además de pedir al culpable su licencia, exigirle el nombre de su instructor, someterlo a exámenes y pruebas de conocimientos, y si los desaprueba, quitarle el permiso de enseñanza para siempre.

Con las escuelas bajo control, como parece, el Estado debe entrar, lo más pronto, en el mundo aberrante de los trámites, en los que el corrupto ya no es el aprendiz de conductor que paga lo que sea por una licencia, ni las escuelas, sino redes enteras de traficantes de carros robados, que los legalizan, sin dudarlo, con el apoyo de contactos dentro de las instituciones correspondientes.

La realidad de lo que acontece en las oficinas de tránsito a cualquier nivel ha generado una matriz de opinión según la cual allí se realizan negocios ilegales sin el menor pudor y sin que haya control alguno.

Pero, con poner bajo la lupa a las escuelas de manejo que, además de que enseñan se dedican a tramitar documentos, entre ellos licencias a sus alumnos, son, en mucho, responsables de lo que sucede en las calles por ejemplo con los motociclistas, pues a ellos también les ayudan a tramitar licencias sin trámites y sin exámenes de conocimientos de lo que significan las señales de tránsito ni de cómo actuar en las calles y carreteras.

Quizás así, con la decisión de sancionar a las escuelas, se neutralice, en su fuente, uno de los peores males del país en la actualidad: el peligro en las vías, que deja unos 45.000 heridos y más de 6.000 muertos al año.

Ningún otro fenómeno violento deja más víctimas que el tránsito, salvo los homicidios con armas.