Cuatro municipios de Norte de Santander, como si ya no tuviéramos suficientes problemas, quedaron reseñados como de alto riesgo para las mujeres por la ocurrencia de hechos relacionados con la violencia de género.
El año pasado, Cúcuta registró el mayor número de víctimas con el 68,4%, seguido de Tibú (6,3%), Villa del Rosario (6%) y Los Patios (2,9%), según el preocupante informe del Observatorio de Asuntos de Género.
Lo anterior implica que a nuestro gabinete donde guardamos algunos deshonrosos títulos y primeros lugares, debemos de poner este otro elemento que se encuentra muy ligado a la propia situación de inseguridad y de necesidades sin resolver en esta parte de la frontera.
Es importante tener presente que fueron en 830 personas víctimas de violencias basadas en género, de las cuales 71% son colombianas, 29% de origen venezolano y del total, 24% pertenecen a la comunidad LGBT.
Visibilizar estos hechos es algo fundamental para plantear la urgencia de ajustar y adecuar las políticas locales y departamentales que sean necesarias para la prevención de esta clase de violencia que se manifiesta de diversas formas.
Para el caso nortesantandereano la encuesta que se hizo para tomarle el pulso al problema, identificó que el 96% sufrió violencia psicológica, el 88% violencia sexual, 79,1% violencia física y 44% fueron de carácter económico y patrimonial.
Al desglosar, se nota que los organismos públicos y las instituciones privadas que manejan todo lo relacionado con este grave problema, requieren hacerle una valoración y determinar, por ejemplo, las acciones para no solo apoyar a las mujeres afectadas, sino conformar acciones interinstitucionales preventivas.
Por ejemplo, sería importante que las secretarías de la Mujer en coordinación con salud pública departamental y municipal, adelantar jornadas en los barrios, por ejemplo, con psicólogos y trabajadores sociales.
Estos especialistas podrían detectar en esas charlas con las mujeres, los síntomas de alarma sobre ataques psicológicos a que estuvieran siendo sometidas por sus familiares, compañeros o vecinos, según el caso.
El subregistro en las denuncias y el silencio absoluto por parte de la víctimas, es la mayoría de las veces la barrera que impide tener un conocimiento preciso de este delicado problema que se oculta en muchos hogares y conglomerados sociales. También ahí pueden jugar un papel más activo la Defensoría del Pueblo y el mismo Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, porque la detección temprana del problema es una forma de salvar a muchas mujeres de ese trauma.
Y, lógicamente, las universidades que cuenten con facultades en esas áreas, tienen también un elemento de trabajo comunitario trascendental en la identificación de la violencia sicológica, que muchas veces deja dramáticas huellas imborrables.
Además, el factor educativo es un asunto insalvable para hacerle frente a ese factor de riesgo en la convivencia ciudadana, mediante el desarrollo de actividades académicas en los colegios y universidades relacionados con el respeto a sus semejantes.
Hay mucho por hacer y todavía no es tarde, pero lo importante es emprender las labores necesarias para responderle la inquietud de Adriana Pérez Rodríguez, directora del Observatorio de Asuntos de Género, que se queja porque se lleva tanto tiempo visibilizando el problema y todavía las víctimas no encuentran en la sociedad y en el Estado un espacio seguro, lo cual significa que no estamos haciendo bien la tarea.
