Venezuela inicia desde hoy una nueva etapa con la posesión, por primera vez en 17 años, de una Asamblea de mayoría opositora, que puso fin a la hegemonía chavista que manejó el diseño y aprobación de leyes a sus anchas desde la subida al poder del presidente Hugo Chávez en 1999. 

Lo que se vivió ayer en el hemiciclo de sesiones cuando se cumplió la posesión de los parlamentarios fue solo una muestra de lo que será, de ahora en adelante, el movimiento de este recinto en el que la confrontación y el debate candente estarán a la orden del día. 

Solo minutos después de haberse iniciado la sesión, la bancada del oficialismo se retiró del recinto argumentando falta de garantías, no sin antes generar una bochornosa disputa con los directivos de la Asamblea, todos miembros de la oposición, que por poco terminan en golpes. 

Este comportamiento se esperaba, pues el cambio de roles que hoy enfrentan, los saca abruptamente de la comodidad en la que se han mantenido hasta la última legislatura y que hoy llega a su fin con una bancada mayoritaria, que no solo ha demostrado estar unida, sino que tiene clara su hoja de ruta para lograr, a través de leyes y reformas, la recuperación de la golpeada nación vecina. 

La suspensión por parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de tres diputados oficialistas del estado Amazonas, a quienes previamente el Consejo Nacional Electoral (CNE) ya había proclamado como diputados electos, fue una de las maniobras del sector oficial para evitar la mayoría absoluta de sus partidos rivales. 

En otra decisión, tomada bajo los poderes de la ley habilitante, el 31 de diciembre Maduro le quitó al legislativo la potestad de nombrar la directiva del Banco Central y de exigirle estadísticas. Esto en el contexto de un país en el que sus habitantes no conocen cifras oficiales de cómo van las finanzas, con un escenario en el que se estima que la inflación supera el 200 por ciento y la escasez pan de cada día, es bastante grave, pues pretende mantener, a toda costa, el control económico en manos del ejecutivo. 

Y es que el tema económico es una de las prioridades de la mayoría de la nueva Asamblea, quienes abiertamente han asegurado a través de su presidente, Henry Ramos Allup que si el gobierno de Maduro no acepta los cambios propuestos, que buscan estabilizar la afectada economía, promoverán un referendo revocatorio que anticipe el fin de su mandato. 

La de la Asamblea será, durante los próximos cuatro años, una lucha de pesos pesados. Por los lados de la oposición, sus esfuerzos estarán concentrados en gestionar la ley de amnistía que permita la liberación de los presos políticos y generar otras que restituyan la seguridad jurídica; revocar expropiaciones y generar confianza en empresarios para reactivar el aparato industrial de la nación y poner la lupa sobre los tan sonados casos de corrupción en las altas esferas del gobierno. 

Por los lados del oficialismo, el veto es, desde ya, la palabra favorita de Maduro para insinuar que bloqueará los intentos de la oposición por contrarrestar las medidas que el chavismo ha impuesto en estas casi dos décadas de poder. 

Sin embargo, lo que hasta hace poco más de un mes parecía imposible –que el gobierno de Maduro y Cabello aceptara los resultados electorales adversos– hoy es una realidad que mantiene encendida la esperanza de cambio de los venezolanos. 

El panorama no está fácil pero desde ya, en el primer día de sesiones, el norte de la agenda legislativa apunta a un objetivo claro: decidir en seis meses la “salida constitucional, democrática, pacífica y electoral para la cesación de este Gobierno”.