Se cruzan en el camino varios hechos que nos indican que el sistema carcelario sufre delicados problemas los cuales es necesario empezar a solucionar, como parte de las estrategias para enfrentar la inseguridad.

Leímos que en Ecuador el gobierno del presidente Rafael Noboa construirá una megacárcel, similar a las de El Salvador, con capacidad para 800 presos, mientras que en Colombia la Sociedad de Activos Especiales empezará a donar inmuebles cuyo dominio fue extinguido para levantar prisiones municipales.

 Ojalá fuera factible que Cúcuta estuviera en el listado de ciudades a beneficiar con ese plan determinado por el Ministerio de Justicia con el fin de enfrentar el hacinamiento de presos que afecta tanto a los actuales centros carcelarios como a las estaciones de policía.

Las secretarías de Seguridad Ciudadana y de Gobierno en coordinación con el alcalde Jorge Acevedo deberían entrar en contacto con la SAE para, en primer lugar, saber a ciencia cierta si en la capital nortesantandereana o en el área metropolitana hay algún predio en esta condición jurídica y con esas características para que le sea entregado.

De lograrse, significaría un gran alivio para superar en buena parte la complicada situación del sistema carcelario local, y así poner término al envío de personas privadas de la libertad a las celdas de los CAI o de las estaciones policiacas o de las Unidades de Reacción Inmediata de la Fiscalía.

En el caso contrario, pues no hay que desanimarse y proceder a presentarle a esa cartera un proyecto para la construcción de la cárcel municipal y de por lo menos un nuevo pabellón en la Modelo de Cúcuta con características de alta seguridad.

Ya que se advierte ese interés estatal de apoyar a las regiones a superar esta complicada situación, que en Cúcuta se mezcla con delicados aspectos de salubridad como es el de la aparición de casos de tuberculosis entre la población carcelaria, es indispensable reclamar esos dos proyectos arriba planteados.

Por un lado, para el penal municipal, la administración local podría entregar el lote y que el Ministerio de Justicia asigne los recursos presupuestales que se requieran para que el nuevo complejo se edifique y de esta manera tener un lugar adecuado para ponerle fin a ese problema humanitario de inseguridad como es el de haber convertido las estaciones en ‘prisiones improvisadas’.

Y, de otra parte, un pabellón con características de alta seguridad es urgente hacerlo teniendo presente que en esta región la violencia es generada por peligrosas bandas criminales transnacionales que manejan las economías ilegales y con sus actuaciones dispararon delitos como el homicidio y la extorsión.

Porque ahí en esas nuevas instalaciones se debe contar con áreas  de aislamiento de comunicaciones para llevar a los jefe de bandas que sean detenidos y evitar que sigan dando órdenes desde detrás de los barrotes, con el fin de ganarle terreno a la criminalidad que nos tiene golpeados.

La gestión entonces es urgente emprenderla desde ahora mismo fundamentada con las demoledoras estadísticas que en los campos de hacinamiento carcelario y del accionar del crimen organizado que tiene a la capital de Norte de Santander cruzando por una de sus peores temporadas de crisis en materia de inseguridad.

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