Los medios de comunicación hablan del segundo gran saqueo a Saludcoop como si del pronóstico del tiempo se tratara: con ese cierto desdén que genera la cultura de considerar que algo que ocurre tenía que ocurrir, porque así ha sido siempre, a pesar de cualquier advertencia...

En mucho, esa especie de determinismo fatal no parece sino la convicción muy arraigada de que el fenómeno de la corrupción, pública o privada, es causa de episodios que no hay manera de evitar que sucedan nuevamente: si Saludcoop fue escenario de saqueo y de abusos y de dilapidación, volverá a serlo.

Y volvió a serlo, a pesar de la ruidosa y discriminadora Superintendencia de Salud. Ruidosa, porque de vez en cuando llama la atención con decisiones de las que se puede decir que son mucho ruido y pocas nueces. Y discriminadora, pues sus controles y actuaciones se aplican con más rigor en unos casos que en otros.

Si el Estado hubiera ejercido los controles debidos, Carlos Palacino jamás hubiera sido llamado El Emperador, nombre que se ganó con justeza después de que hizo lo que quiso con los dineros de los afiliados a Saludcoop, que en pésima hora él presidió.

Liquidada Saludcoop, la superintendencia nombró a Guillermo Grosso como liquidador. Durante su administración, la filial Cafesalud absorbió a la poderosa matriz Saludcoop, y en diciembre, Grosso fue nombrado presidente.

Y en solo 90 días, según algunas investigaciones, la empresa fue, otra vez, como si El Emperador hubiera regresado: la fiesta de fin de año costó más de mil millones de pesos; fue remodelada la sede central, donde se cambiaron todos los pisos y se instalaron tapetes hasta de 30 millones y sillas masajeadoras de entre 6 y 8 millones, en una sala de lectura con luz relajante.

Pero, además de estas extravagancias, en 2013, cuando era el liquidador, Grosso alquiló camionetas blindadas para él y para su familia, para el secretario general, la vicepresidenta administrativa, y para el director de contratos, Giovanni Guzmán, de quien dicen es el novio de su hermana Martha Grosso.

A Guzmán y a otros ejecutivos de Saludcoop los destituyó, y los indemnizó con millonadas, por despido injustificado. Pero luego los reenganchó en Cafesalud, en cargos y salarios más elevados. Guzmán es el vicepresidente administrativo.

La lista de decisiones cuestionables de Grosso es larga. Por ello, hace pocos días, la junta directiva de Cafesalud resolvió removerlo del cargo de presidente en el que duró tres meses.

El asunto que inquieta, sin embargo, no se relaciona con lo que hacen o no en la dirección de las Entidades Promotoras de Salud y otras dedicadas a prestar servicios médicos a los colombianos.

¿Cómo un directivo puede abusar de una EPS, sin que el Estado se percate a través de la superintendencia respectiva? Una respuesta que surge espontánea es que quizás no hay controles adecuados y permanentes y que toda vigilancia es tal vez nula, o se ejerce sobre entidades con menos poder y prestigio…

Lo anterior es más preocupante en la medida en que el sistema de salud no se repone de un nocaut cuando recibe otro golpe demoledor, y siempre por errores y fallas que se pudieron prever y evitar con algo de vigilancia que no se ejerció.

Y esa vigilancia tiene que ser eficaz desde cuando se seleccionan nombres de posibles liquidadores y directivos.

Porque eso de reaccionar cuando ya nada se puede hacer, diferente de salir del personaje abusivo y derrochador, ni tiene buena presentación ni es señal de que los organismos de control estén interesados en cuidar del dinero ciudadano o de los recursos del Estado, con los cuales, está demostrado, cualquiera hace fiesta.