La Constitución de 1991 le dio al colombiano la herramienta o la llave o la palanca o la opción más rápida y expedita para que se le respeten sus derechos y poder acceder al disfrute de los mismos.

Se trata de la tutela, que quien lo creyera, en el caso que acaba de ocurrir en un corregimiento del Catatumbo, se transformó en la maquinaria más eficiente para el arreglo de una vía siempre afectada por las lluvias y escaso mantenimiento.

Pero eso no es todo, porque los primeros beneficiarios del recurso de amparo fueron los niños que estudian en el colegio Edmundo Velásquez de Otaré, corregimiento de Ocaña, porque se les estaba afectando el derecho a la educación y además, su vida estaba corriendo peligro por ir a clase en esas condiciones.

Como si fuera un cuento macondiano o una novela de fantasía, resulta que a los menores les ha correspondido enfrentar una aventura para poder pasar por un lugar de alto riesgo en la carretera, puesto que deben bajarse del bus, caminar, pasar la zona de peligro y luego esperar más adelante a que los recoja para seguir el viaje hacia el centro educativo.

Es decir, para ir a aprender matemáticas, español, geografía, y otras asignaturas, tienen que volverse primero unos especialistas en cuestiones de riesgo, como si ya no estuvieran suficientemente en peligro al tener que caminar por un área donde la banca se está desprendiendo y desmoronando.

Y lo más llamativo de todo, es que en pleno siglo XXI las condiciones de comunicación terrestre en muchos lugares de Norte de Santander continúan siendo igual o peores que hace más de cien años, como si el tiempo se hubiera detenido en el aspecto del mejoramiento, adecuación y mitigación de riesgos en los trayectos viales impactados por las lluvias.

En este momento, dicho pasaje de la actualidad nortesantandereana parece tener un final feliz, porque una tutela que en favor de los niños y jóvenes campesinos de la zona interpuesta por la Defensoría del Pueblo, ordenó que se le pusiera fin a este problema específico.

¿Y entonces será que toca a punta de tutela lograr que hagan la variante de El Zulia, por Borriqueros? ¿Será que este recurso de amparo hará el milagro para que vías en pésimo estado sean arregladas en breve tiempo? ¿Será que muchas comunidades tendrán que usar esa ‘varita  mágica’ constitucional para que se les haga el milagro vial?

Todas las anteriores y muchas más son interrogantes de alta validez que deben de ser entendidos por las administraciones. nacional, departamental y municipal,  y no echarlos en saco roto.

Si esto acaba de ocurrir es porque prácticamente hay una emergencia latente en el frente de la conexión en las vías terciarias y secundarias que deberían de ser realmente priorizadas en los presupuestos, porque como se probó en Otaré, los  derechos a la vida y la educación quedan gravemente comprometidos.

Dicho episodio es una muestra de una de las formas de exclusión e inequidad social en los territorios en que los niños y jóvenes buscan alternativas educativas para escapar de los riesgos del reclutamiento forzado o de otras condiciones que perjudican su desempeño en la sociedad.

Ojalá esta tutela sea tenida en cuenta como base para poner en primera línea los mantenimientos, arreglos y mejoramientos de las vías departamentales e interveredales, asignándoles  los presupuestos requeridos y entrando en coordinación con el Gobierno Nacional para modernizar la red vial terciaria mediante contratación con las comunidades.

¿Si no hubiera sido por la tutela qué hubiera pasado con estos estudiantes de Otaré?