Por encontrarnos directamente en el área de influencia del Catatumbo y por la cercanía de la frontera con Venezuela, ambas con alta presencia de organizaciones al margen de la ley que se nutren del narcotráfico, lógicamente Cúcuta ha terminado pagando los platos rotos con la llegada también de los cultivos ilícitos a una parte de su zona rural.

En primer lugar, debemos reconocer que por muchos años, el campo cucuteño representado en los corregimientos no la han pasado muy bien y ha sido más el abandono y el olvido que las políticas y acciones gubernamentales en su beneficio.

De lógica que la desidia estatal tarde o temprano termina pasando factura desde el punto de vista del deterioro socioeconómico y el agravamiento de la inseguridad con sus diversos males.

Para tristeza de todos, un informe de la Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos ha señalado que en donde nuestros campesinos cucuteños deberían estar labrando la tierra con cultivos de pancoger u otros o adelantando labores de ganadería, lo que existen son 400 hectáreas sembradas de hoja de coca.

Afortunadamente, un proyecto piloto de erradicación y sustitución de cultivos, que se ejecutará entre la Alcaldía de Cúcuta y la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito, podría llegar a ser la tabla de salvación para sacudir a la región de ese mal que trae consigo muerte y desplazamientos, como ya ha ocurrido recientemente.

La salida de ese problema con acciones como la comentada resultan la mejor opción para las comunidades campesinas que por diversas razones debieron optar por la hoja de coca para buscar su sustento, porque finalmente es mejor esa vía que la de lanzar operaciones de erradicación forzada acompañadas de militarización, que en últimas apenas golpean en menos del 8% a las mafias del narcotráfico, como recientemente lo señalara un trabajo de investigación periodística de La Opinión, relacionado con el Catatumbo. El plan piloto se desarrollará en una vereda de Banco de Arena, corregimiento de Cúcuta que ha padecido los embates de la violencia y hasta de desplazamiento de campesinos como consecuencia de las acciones de grupos armados ilegales que obtienen ganancias de las economías ilegales que florecen al lado de la coca.

Hay que apostarle a que la iniciativa de permitir la erradicación  y sustitución voluntaria  de 80 hectáreas de cultivos ilícitos en el lugar cuyo nombre no se ha revelado, resulte un éxito, para urgentemente extenderlo al resto de las áreas afectadas por el mismo fenómeno en otros corregimientos de la capital de Norte de Santander.

Estas salidas concertadas con la comunidad y con el respaldo de la Alcaldía y de la ONU, resultan como la opción más indicada para extirpar este problema y se constituye, a la vez, en un fuerte mensaje para el crimen organizado de que sus acciones no tienen cabida en una sociedad que ha resuelto unirse y consolidar estrategias de modelos productivos conectados con la legalidad y que ayudarán a la seguridad alimentaria de la región.

Por ejemplo, entre los modelos a escoger para desarrollar allí y que tendrán como respaldo una inversión del municipio de $1.700 millones, se encuentran la ganadería lechera o el cultivo de plátano del cual aquí hay un déficit de 400 toneladas que se suple desde Arauca.

“Hay una ilusión grande”, ha dicho Elisa Katherine Montoya Obregón, secretaria de Posconflicto y Cultura de Paz de la Alcaldía de Cúcuta. Y debemos añadirle que los cucuteños debemos apostarle al éxito de la medida para que nuestros corregimientos sean un lugar de campesinos prósperos y sede de nuestra despensa agrícola y pecuaria.