A pocas semanas de cumplirse los tres primeros años de la emergencia generada por la avalancha que afectó a El Tarrita, puede decirse que, más allá de los puentes metálicos que se pensaba iban a ser provisionales, nada ha cambiado en esa zona de Norte de Santander.

Con el sol a las espaldas, el gobierno del presidente Gustavo Petro le deja al departamento esta deuda pendiente, porque hasta ahora no hay nada resuelto para las familias damnificadas que todo lo perdieron, ni en materia vial.

Llegó a tal extremo la situación que se llevó ante los tribunales una acción para la reparación por concepto de daños y perjuicios a 122 damnificados por un monto superior a los $85.000 millones para subsanar las pérdidas, al alegarse que hubo negligencia por una serie de organismos gubernamentales.

Varias situaciones siguen preocupando. Una, como en su momento se advirtiera, es que allí lo sucedido el 31 de mayo de 2023 fue de dimensiones catastróficas como el desastre de Armero, puesto que se calcula que cayeron unos 550.000 metros cúbicos de lodo. 

Esa evidencia se supone que debe tener un importante peso específico para la determinación final del proyecto de recuperación definitiva del trayecto vial impactado por el fenómeno natural.

No puede ser posible que pasen los días, las semanas, los meses y los años y aquellos puentes militares que se pensaba iban a permanecer por poco tiempo, porque la solución definitiva con obras de infraestructura llegaría pronto, hoy parezca que se quedarán sirviendo ahí durante un prolongado tiempo.

¿Será que el 31 de mayo, al llegarse a los 36 meses de sucedido este hecho, El Tarrita pase a convertirse en un elocuente testigo de la lentitud gubernamental para la solución de los problemas que agobian a sus gobernados?.

Norte de Santander merece un mejor tratamiento por parte del Estado, en el sentido de que hoy por hoy cruzamos de nuevo un tortuoso camino lleno de violencia con el agravante de que desastres como el sufrido se quedan ahí congelados en el tiempo sin solución definitiva alguna. Lo ocurrido allí debe llevar a hacer algo parecido a un examen de conciencia sobre las formas, los procedimientos y las maneras de actuar desde los despachos gubernamentales, con el fin de hacer los cambios urgentes y necesarios, no solamente para ese caso, sino para los que sucedan de ahí en adelante.

Pero es indispensable que ahora los gremios económicos del departamento, los congresistas y los alcaldes de la región, junto con la administración departamental, exijan que no continúen avanzando los almanaques y El Tarrita siga ahí esperando la definición, financiación y ejecución de los planes de reubicación de los afectados, la reconstrucción de la infraestructura de servicios públicos, los proyectos productivos y una vialidad que no vuelva a estar en peligro de gigantescos deslaves como el presentado en 2023.

Seguir sin soluciones a la vista afecta a la población, detiene el desarrollo y genera desilusión entre la comunidad al advertir que el gobierno central no muestra interés por darle la mano a zonas afectadas por multiplicidad de problemas.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion  .