Un país que no cuida su futuro está condenado al fracaso. Colombia, al parecer, es uno de ellos, a juzgar por las violencia que permite contra sus niños. 

No solo las cifras, sino también los casos son espeluznantes y se consolidan como una muestra de lo enferma que puede estar nuestra sociedad. 

Casos como el de la pequeña Paula Nicole Palacios, desaparecida hace 11 meses y cuyo secuestrador aseguró que fue vendida a una red de tráfico de órganos por 50 millones de pesos –versión que evalúan las autoridades por su falta de veracidad–, o el de los hermanos Grimaldo, asesinados en Florencia (Caquetá) por un pleito de tierras, son un reflejo de la descomposición social que lleva a que un ser humano determine la muerte de un niño. En el caso de los hermanos Grimaldo,  quizás uno de los que más repudio generó en el país, refleja la inoperancia de las autoridades quienes hicieron caso omiso de las denuncias del padre de los menores por al menos dos años, y algo más grave pero que se repite a diario: el nivel de impunidad que existe y que en este caso permitió que un asesino condenado a 44 años saliera de prisión para volver a matar. 

En lo que va del 2015, en Colombia han sido asesinados 670 menores, es decir, que cada día pierden la vida de forma violenta dos pequeños inocentes. Y en momentos en los que en Colombia se habla de paz, surge la pregunta: ¿cómo es posible hablar de paz cuando ni siquiera somos capaces de respetar la vida de un niño?

Los crímenes que a diario ocupan las primeras planas destruyen cualquier concepto que pueda existir de sociedad y borra de tajo cualquier garantía de derechos, cualquier intento por reconstruir el tejido social que se ha ido resquebrajando por cuenta de la guerra.

Cómo puede pensarse una Colombia en paz, llena de familias destruidas, desgarradas por el dolor y resentidas por una pérdida que les ha cambiado la vida para siempre. 

Una radiografía tan macabra como la que consolidan estas cifras, requeriría al menos de una acción eficiente que permita en tiempo récord, detectar a los responsables , procesarlos y que reciban un castigo ejemplar, que garantice de algún modo la no repetición. 

Pero en Colombia esto parece una utopía, pues la inoperancia de las autoridades y la falta de penas más drásticas que se hagan efectivas, ha generado un círculo vicioso que ha hecho posible que criminales como el responsable de la muerte de los pequeños Grimaldo sean reincidentes. 

Colombia tiene un gran trabajo que hacer en este sentido. La responsabilidad que tienen el Estado, la familia y los educadores en lograr un entorno adecuado de respeto y dignidad para que los pequeños puedan consolidarse como ciudadanos de bien, no ha sido aún asumida como se debe. 

Pasar la hoja del conflicto y la violencia implica también pensar en la manera de resarcir como sociedad a las familias de todos esos pequeños que han muerto. De esos pequeños que han sido víctimas de algún delito. 

Cualquier tipo de violencia contra ellos debe ser repudiada. Este país no puede seguir permitiendo que cada día 120 niños sean abusados sexualmente; no puede seguir permitiendo que se recluten niños para la guerra, como ya lo hicieron los grupos armados con cerca de 14 mil menores según cifras oficiales; no puede seguir permitiendo que sean ellos quienes terminen pagando por las disputas de los adultos. Protegerlos es responsabilidad de todos y mientras no seamos conscientes de esto, este será un país sin futuro, condenado al fracaso.