Señales equivocadas se siguen enviando desde los órganos de poder a la ciudadanía que todos los días debe de enfrentarse a los retos de una inflación devoradora de sus ingresos. En este caso de nuevo los congresistas dan muestra de estar lejos de la realidad del país pese a que de dientes para afuera muchos hablan de rebajárselo.

Y en el mismo sentido queda el Gobierno Nacional después de lograr una reforma tributaria para recaudar unos veinte billones de pesos, en promedio, para planes sociales, al salir con este aumento de salarios para los senadores y representantes a la Cámara. Esta decisión resulta contradictoria en los frentes del recorte de gastos y de favorecer a los más vulnerables.

El peor de los mundos se abre  a este reajuste, porque mientras se tanquea el carro con gasolina cada vez más cara y con salarios veinte o treinta  veces por debajo del que devengan nuestros ‘padres de la patria’, los ciudadanos recuerdan la famosa frase de un expresidente del Senado cuando dijo que no le alcanzaba para pagar el combustible.

Los legisladores, que ahora ganarán $38 millones mensuales, no pueden olvidar este dramático cuadro de inseguridad alimentaria que les pintó la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia cuando se discutía la tributaria: “Veintidós  millones de personas están teniendo dificultades para acceder a alimentos, donde el 51 % de esta población busca menor calidad en sus víveres, disminuir las raciones, saltarse comidas o pedir alimentos prestados”.

Y la desigualdad cobra su cara de dureza cuando el ‘regalo de Navidad gubernamental’ señala con vigencia del primero de enero de 2022 el reajuste del 7,26% de la asignación mensual a los miembros del Congreso de la República, que significa un retroactivo de 12 meses para los congresistas repitentes y de un semestre  para los primíparos.

Aunque la cifra del aumento otorgado a los parlamentarios está por debajo del aumento del salario mínimo decretado para este año que termina (10,07%), y es un poco más de la mitad de la inflación en lo corrido de este año, el reajuste significa en su totalidad un monto importante.

Los sabores amargos ponen en duda el cambio prometido por el hoy presidente Gustavo Petro, porque habría sido mejor declarar un ‘congelamiento’ bien fuera por acuerdo previo con la bancadas o por decisión propia, incluso destinando los $2’563.951 por cada uno de los 296 legisladores para apoyar planes sociales.

Se calcula que mensualmente por solo salarios de los miembros de la  Cámara de Representantes y del Senado, el  gasto  asciende  a unos 10.360 millones de pesos.

Aunque debe recordarse que este es un reajuste ordenado por la Constitución en su artículo 187, el escenario sirve para recordar las deliberaciones que se han dado en torno a la reducción de los sueldos que hizo parte de una de  las promesas de campaña en las elecciones para Congreso de la República. De esto lo único cierto es que solo a partir de 2026 podría darse ese milagro.

Al escucharse de nuevo voces de indignación tanto desde la sociedad como desde las mismas orillas del Capitolio Nacional lo cierto es que habrá de esperarse que la voluntad expresada por quienes afirman querer dejar de andar en esa ‘burbuja salarial’ que está muy lejos de la situación del ciudadano de a pie.

En esta oportunidad los colombianos deben hacer fuerza o presionar –si es necesario- para que no estemos entre los primeros países latinoamericanos con los más altos salarios de congresistas, al lado de Uruguay, México y Chile, sino caer a los últimos puestos que signifiquen ingresos más acordes con la realidad nacional.

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