Colombia y Norte de Santander acaban de asistir a una inusual situación de que en el curso de dos meses, la Superintendencia de Salud ordenó la liquidación de dos gigantescas EPS, primero Coomeva y después Medimás.

Para miles de pacientes y usuarios el solo nombrarlas ya es motivo de mortificación y de recuerdos que quieren dejar sepultados en el pasado, por los inconvenientes de toda índole que sufrieron para lograr una adecuada atención.

Sería tan complicado lo ocurrido, que datos de la Defensoría del Pueblo señalan que por cada 10.000 afiliados, ambas EPS registraban el mayor número de tutelas en su contra para que garantizaran el derecho a la salud.

En enero de este año Coomeva EPS, cuyos 1.2 millones de usuarios en 24 departamentos fueron trasladados, entró en el pabellón de liquidación y a comienzos de marzo sucedió lo mismo con Medimás, que les prestaba servicios a 1.5 millones de afiliados.

Reubicar a 2.7 millones de personas en otras Empresas Promotoras de Salud no es nada fácil desde muchos puntos de vista y en cambio sí reconfirma la urgencia de que actual sistema de salud colombiano sea sometido a un cambio estructural, porque a  todas luces el mecanismo de la intermediación dio muestras de no ser el medicamento adecuado.

 Y un elemento adicional que lleva a advertirnos la dificultad en este servicio, sale de las mismas estadísticas de la Supersalud, según las cuales, desde 2019 en Colombia han sido liquidadas 13 EPS, estando entre ellas Saludcoop, Cafesalud, Comparta, SaludVida, entre otras.

Ojalá ahora en esta campaña electoral para la Presidencia de la República los colombianos puedan tener una claridad sobre las propuestas que en este campo vital tengan los diferentes candidatos, porque lo obvio es que esto no puede continuar así.

Pero mientras eso sucede, hay una pregunta interesante de cuya respuesta depende la salud financiera y la misma suerte de muchos hospitales y clínicas: ¿quién paga las deudas de todas esas EPS que ya no están en operación?

Ese mal es riesgoso para el soporte presupuestal, como lo ha expuesto la Asociación de IPS de Colombia, al mostrar la preocupación por esta aguda enfermedad que está socavando las finanzas hospitalarias y de las clínicas privadas.

Y no es para menos. Jorge Toro que es el director ejecutivo de dicha organización ha dado a conocer que según la Superintendencia Nacional de Salud, las carteras o deudas de las empresas liquidadas pueden estar por encima de los cinco billones de pesos.

Para hacernos una idea de la magnitud del problema, esa cuantía equivale a cuatro veces el presupuesto municipal de Cúcuta.

Más que un dolor de cabeza, esta situación implica una actuación urgente por parte de las autoridades de salud, por un lado, pero también de la misma justicia para que se procedan con las acciones legales contra los patrimonios y bienes de quienes eran los dueños de dichas EPS que dejan ese gran hueco financiero.

Lo peor del caso es que la recuperación de esas deudas para que está bien complicada y enredada y casi que perdida porque para el solo caso de Medimás, la SuperSalud admitió que “por cada 100 pesos de deuda, la EPS únicamente cuenta con 3 centavos para respaldarla”.

¿Se imaginan el impacto que esto provocará por ejemplo en la red hospitalaria y clínica de Norte de Santander? Por eso es necesario que nuestra clase parlamentaria haga algo, puesto que de lo contrario la crisis será de una gravedad extrema.