Cúcuta, Ocaña y Villa del Rosario viven en este momento particulares situaciones con el servicio de acueducto que ameritan una visita tanto informativa como de carácter jurídico y técnico para darles respuesta y solución a las inquietudes de los usuarios.

Para el caso de Aguas Kpital es indispensable que la entidad de vigilancia precise y defina si están dentro de lo legal o no aspectos relacionados con el siempre controvertido cambio de medidores, sobre el cual hay varias inquietudes no suficientemente aclaradas a la comunidad.

Quedaron gravitando temas sobre el real número de usuarios, la liquidación de los subsidios y el incremento de las tarifas de los servicios de acueducto y alcantarillado en la ciudad.

Todos estos aspectos tocan directamente al bolsillo y por tal motivo es de la mayor urgencia que un árbitro venga y despeje lo que está sucediendo y ponga en orden lo que se debe mejorar dentro del cumplimiento del contrato de operación.

Y en Ocaña, segunda ciudad del departamento, también hay mucho trabajo para la Superservicios, porque allá las aguas están agitadas y turbias por la aprobación de entregar en concesión el acueducto.

En estos momentos, la Contraloría General de la República le puso la lupa al caso  y le exigió a la Alcaldía el envío de toda la información relacionada con la decisión de concesionar esos servicios, cuando algunos afirman que había otros medios para  resolver ese caso.

Por ejemplo, en una carta enviada al presidente Gustavo Petro, un grupo de ocañeros recuerda que según la Ley 142 de 1994, hay tres posibilidades: la entrega a un privado (que fue lo que se aprobó), la operación directamente por el municipio o la figura de una empresa de economía mixta.

Y, como si fuera poco, también está Villa del Rosario cuya población se multiplicó producto de la migración venezolana, por un lado, y el incremento de la urbanización en sectores como el del Anillo Vial Oriental.

No más eso genera un impacto sobre la capacidad de producción y cobertura que como se ha confirmado con las persistentes protestas y disparada utilización de agua en carrotanque, señala que el acueducto se ha quedado pequeño para atender la creciente y sostenida demanda.

Entonces, si sumamos más 200.000 usuarios de Cúcuta, otros 40.000 de Ocaña y cerca de 23.000 en el municipio histórico, todos ellos con reclamaciones justas y problemas sin resolver, ameritan que una comisión de la Superintendencia de Servicios Públicos venga a la región.

Se trata de hechos que requieren una atención urgente, porque no es usual que una capital de departamento, la segunda ciudad de ese mismo territorio y un municipio pegado a la frontera, estén afrontando esa clase de inconvenientes.

No más miremos lo que ha venido acarreando esa acumulación de hechos. Por ejemplo, que la propia administración rosariense esté pensando en demandar al actual operador. Que en Cúcuta el Concejo haya tenido que crear una comisión accidental para hacerle seguimiento al caso de la empresa que maneja el acueducto y que en Ocaña estén lloviendo acusaciones y denuncias de presunto favorecimiento a la privatización.

Se trata, sin lugar a dudas, de una cuestión de cuidado, que debe de ser sometida al más riguroso examen, si tenemos en cuenta que en estos momentos avanza la definición de cuál va ser el esquema para manejar el Acueducto Metropolitano.

Así, que la Superservicios tiene una posible misión para ayudar a superar estos inconvenientes.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion