El gran temor que tuvieron muchos cucuteños con el cierre de la frontera, está empezando a hacerse realidad con un pequeño grupo –el último que queda– de los deportados.

Son cerca de 250 familias que conviven temporalmente en un albergue en el recinto de Interferias, algunas de las cuales ayer protagonizaron un amotinamiento como mecanismo de protesta por el supuesto incumplimiento de los compromisos del Gobierno.

La situación que se viene presentando en este lugar no es nueva. Desde hace un par de semanas varios deportados se quejaron porque, según ellos, no han podido trabajar y los subsidios se están demorando. También se quejaron por las condiciones de salud de los menores allí presentes.

El director de la Unidad de Gestión del Riesgo, Carlos Iván Márquez, ha sido categórico y enfático al expresar que de los deportados “el que no esté trabajando es porque no quiere”. Luego del amotinamiento de ayer, esta misma entidad explicó además, que las ayudas están programadas para su entrega en el momento en que las familias abandonen el albergue”, pues el subsidio que se entrega es para arriendo.

Ha trascendido que algunas de las personas que permanecen en Interferias están buscando generar presión sobre las autoridades a través de los menores y con otros mecanismos, para que el gobierno acceda a otorgarles mayores subsidios o incentivos diferentes de los que se aprobaron con el plan para ayudar ante el cierre de la frontera.

Hay que decir que el trabajo que se ha hecho en materia de atención para la población que fue obligada a salir de Venezuela fue muy oportuno y se estableció de forma inmediata, como pocas veces suceden las cosas en el Estado.

Tanta diligencia generó entre los coterráneos incluso, el temor de que tantos compatriotas llegados con una mano adelante y otra atrás buscarían quedarse en la ciudad, ya de por sí afectada con altas cifras de desempleo e informalidad.

Hay que decir que en ese frente el Gobierno también ha hecho una buena gestión, pues ha logrado que la mayoría de los que se ubicaron temporalmente en Cúcuta, o hayan regresado a sus ciudades de origen o se hayan desplazado a otras zonas de Colombia donde hay mayor oferta de empleo.

Lo que han manifestado quienes aún permanecen en el albergue es que esperan que el Gobierno les dé un pedazo de tierra y unos ladrillos para construir.

Otros han planteado la posibilidad de que el subsidio se  les aumente a $600.000 e incluso han exigido la presencia de un pediatra, entre otros especialistas, para atender sus requerimientos médicos en todo momento.

La oferta institucional está dada y está en los afectados tomar la decisión de usarla para su beneficio. No hacerlo puede ser el peor error, pues eso seguramente los dejará en el peor de los mundos.