Así como es de peligroso lo que acaba de suceder en el barrio La Ermita donde se registró el profundo y prolongado agrietamiento del terreno amenazando a numerosas familias, las zonas de alto riesgo de Cúcuta constituyen un problema de alta complicación.

Ojalá esta especie de campanazo de alerta sirva para acelerar el anuncio que a mediados del año pasado hiciera la Secretaría de Gestión del Riesgo de Desastres del municipio sobre una especie de inventario y de análisis de las áreas que por diversas razones no podrían estar habitadas.

Precisamente en las leyes 9 de 1989, 2 de 1991 y 1450 de 2011 se hace referencia a este tipo de acciones de tipo preventivo para tener un conocimiento exacto de los sitios que presentan inestabilidad en el terreno y que definitivamente se enmarcan como de riesgo.

Lo que la Alcaldía busca, de acuerdo con lo anunciado en aquella época, es que mediante la consolidación del inventario de asentamientos en alto riesgo se podrá  contar con información actualizada sobre las zonas afectadas y la población localizada en las mismas (objeto de atención prioritaria), contribuir al ordenamiento territorial a través de la formulación de medidas de reducción del riesgo de desastres ante el impacto de los fenómenos naturales.

En una oportunidad, un trabajo periodístico de La Opinión se indicó que Planeación Municipal cuenta con mapas del área urbana en los que se identifican los sitios de amenaza baja, media y alta de inundación y de remoción en masa (deslizamientos de tierra).

De acuerdo con lo precisado en esa oportunidad, eran por lo menos 40 barrios los localizados en zonas rojas por altas probabilidades de que los terrenos cedan y sean afectados por los desprendimientos, grietas y otras fallas que constituyen peligro para quienes se encuentran habitando en esos lugares.

Lo que se espera de este plan de análisis que tomó como piloto al asentamiento humano Alfonso Gómez, donde habitan 900 familias en el occidente de la ciudad, es que de ahí salgan los elementos básicos para una política pública de corto y mediano plazo, en la que el apoyo nacional es fundamental.

El aspecto más importante, es encontrar la forma más efectiva que aquellos puntos en donde se determine que definitivamente levantar viviendas es un peligro, pues se declaren inhabitables y a nadie se le permita regresar por allí, aplicando una férrea normatividad que incluya control policiaco y de desalojo por ocupar áreas declaradas peligrosas para la vida de las personas.

Lo anterior surge del siguiente relato de una de las afectadas en La Ermita: “hace 12 años pasó lo mismo, no nos dieron ayuda y me tocó devolverme para acá”, y también de situaciones como las que suceden en un sector de Tucunaré donde hay un cerro inestable que ha provocado  graves problemas, ha empezado a ser invadido.

Hechos como estos no pueden permitirse porque está en peligro la vida de las personas y por tal motivo hay que aplicar determinaciones que no permitan que hasta allá lleguen servicios públicos y que se hagan programas de reforestación o de otro tipo para que esos predios no sean usados para vivir.

Pero –y aunque parezca algo imposible de lograr por cuestiones inherentes a la misma pobreza- la gente debería también tomar conciencia de los peligros que implica la invasión de terrenos inestables

Por esa razón es importante la caracterización con el respectivo censo de personas e inventario de necesidades de vivienda, con el propósito de que se exponga ante el Ministerio de Vivienda el desarrollo de un plan de reubicación integral de estas familias que residen en esas áreas, del que también hagan parte organismos como el SENA, la banca y otros ministerios para que se les dé una solución consolidada y así evitar que vuelvan a aquellas áreas riesgosas.