En total, 16 personas. Lo que disgusta profundamente es que todas, con la excepción de tal vez el único segundón de la pandilla mafiosa, están en sus casas gozando de los beneficios del aseguramiento domiciliario.

Le falta mucho a Colombia para llamarse democracia. Mientras la Justicia sea un servicio a domicilio y a la medida, no hay posibilidad alguna de derrotar la impunidad y de tener una sociedad aproximadamente igualitaria.

Afirmar que aquí dinero e impunidad son realidades complementarias, tal vez parezca una reiteración inoficiosa, tanto como si se hablara de poder político e impunidad. Casi podría decirse que todas estas son expresiones tautológicas: dinero o poder y Justicia amañada significan lo mismo. Eso es innegable.

Siempre que se pretende hacer una comparación de cómo actúa el servicio de la Justicia se apela al emblemático caso de Léder Correa, el caleño sin empleo que entró a un supermercado, robó unos cubos de caldo de gallina para comer y, procesado, fue enviado a la cárcel.

Guardando las proporciones, hay muchos casos como este, y hay muchos Léder en la cárcel, pagando por delitos que, comparados con otros, son irrisorios, insignificancias que llevan a pensar en que la Justicia se desgasta con tonterías.

Lo malo es que esos casos, casi absurdos, permiten justificar la prontitud en el servicio y la eficacia del sistema judicial. Que sea eficiente o no, que sea una Justicia justa o no, no parece preocuparle a mucha gente.

Si los ciudadanos se preocuparan de verdad por buscar una Justicia de la cual sentir al menos satisfacción, en Cúcuta ya hubieran protestado y presionado a sus congresistas en busca de una reforma del sistema judicial. Y el argumento podría ser el caso del cartel de la carne liderado por Rodolfo Forero y los hermanos Diego y Andrés Portilla Luna.

Ciudadanos con dinero y con poder, de prestancia en la ciudad, como tal vez diría alguien, se convirtieron en caballeros de industria, vulgares delincuentes dedicados a traer carne y reses de contrabando desde Venezuela, para reenviar al interior del país, en cuantía inicialmente calculada en ¡70 mil millones de pesos!

Y, en complicidad necesaria con funcionarios del Estado y particulares, se dedicaron al delito como principal actividad. No de otra manera hubieran podido introducir al país 4.085 cabezas de ganado.

Pero, no eran empresarios comunes y corrientes. Eran los representantes del principal gremio ganadero colombiano, de un frigorífico local, de organismos del Estado como ICA e Invima. En fin, todo un cartel, con delincuentes de cartel…

En total, 16 personas. Lo que disgusta profundamente es que todas, con la excepción de tal vez el único segundón de la pandilla mafiosa, están en sus casas gozando de los beneficios del aseguramiento domiciliario.

Son beneficios que, como se ha demostrado muchas veces, los reclusos aprovechan para hacer de cuenta que nada ha sucedido y que viven una vida normal, salidas incluidas, sin que absolutamente nadie lo impida y sin que nada ocurra. Al fin y al cabo estamos hablando de Justicia a la medida y a domicilio.

La lista de delitos de esta pandilla es bastante larga: concierto para delinquir agravado, falsedad ideológica en documento público, lavado de activos, fraude procesal, contrabando, violación de medidas sanitarias y enriquecimiento ilícito de particulares. Un pequeño código penal, en realidad.

Además de defraudar al Estado, de atentar contra la salud de las personas (la carne se descompone en esos trajines del contrabando) y de poner en riesgo la economía nacional (Venezuela es un país con aftosa), estos delincuentes llenaron sus bolsillos con millonadas. Y, aun así, están en casa tranquilos, con tiempo para todo, incluso para pensar en cómo seguir violando la ley…

No hay duda. Por unos cubos de caldo de carne o de gallina, alguien va de cabeza a la cárcel. Por contrabandear miles de reses y de kilos de carne, y obtener millones y millones, otros van a la casa. Es la justicia a la medida del cliente…