El combate contra la delincuencia ha dado origen a diversas estrategias, la una más compleja que la otra, pero en el fondo todas descansan sobre la poca o mucha simpatía que los ciudadanos tengan por los cuerpos de seguridad.

En Colombia misma, con alguna frecuencia se anuncian, como estrategia, medidas como el pago de recompensas por información eficaz que permita golpes contra las estructuras delictivas y capturas de delincuentes peligrosos.

Sin embargo, al poco tiempo se comprueba que los resultados no han sido ni los esperados ni los posibles, porque en alguna parte del esquema se cometió un error grave, como por ejemplo el de eludir el pago de recompensas prometidas o la elusión de compromisos de seguridad y protección para eventuales delatores.

La idea es buena, y se ha puesto en práctica muchas veces, con resultados que la hacen recomendable para otras situaciones. La base del éxito radica en el hecho de que el Estado tienta a un delincuente con dinero o beneficios que no le dan sus jefes, a cambio de información privilegiada.

Grandes capos del narcotráfico colombiano han caído en poder del Estado porque uno de los empleados de segundo nivel de las mafias decidió ofrecerles a las autoridades la cabeza de uno de los jefes más buscados.

La estrategia no ha dado, sin embargo, los mismos resultados, con jefes de la guerrilla o de las autodefensas, quizás por el sistema de seguridad basado en círculos muy estrechos que establecen donde quiera que están.

Pero cuando ha sido efectiva, esta política de recompensas o de delaciones ha permitido desmantelar esquemas delictivos que de otra manera no hubiera sido posible neutralizar.

A cambio, además de buen dinero, el delator recibe seguridad para él y su familia, seguridad que a veces se traduce en nueva identidad y en protección en el extranjero. Pero, de ordinario el mecanismo de la delación fracasa de manera estruendosa, por razones como la dilación o la elusión en el pago de los dineros ofrecidos.

Expertos en seguridad consideran que pagar, a cambio de información, es, antes que una política, un negocio que debe ser bueno para las dos partes que se comprometen: el Estado y el informante o delator.

En el caso de Norte de Santander, el nuevo gobernador, William Villamizar, lanzó el miércoles en la noche un programa de recompensas que aspira a golpear la llamada delincuencia menor con el apoyo de la comunidad como parte de un frente común.

Sin el conocimiento de los expertos, surge la inquietud de si el dinero que se ofrece es el adecuado; en lo que hemos conocido las recompensas que se ofrecen  podrían no ser una suficientemente atractivas para estimular a alguien a que delate a un delincuente o entregue un paquete de municiones.

Además de lo poco o mucho que signifique la recompensa, el delator deberá tener la seguridad de que recibirá el dinero y de que su acción no se hará pública jamás.

En ese sentido, los organismos del Estado comprometidos en la campaña, deberán estrechar su control interno, a fin de que la delincuencia, proclive como es siempre a infiltrar a la Policía, no se entere jamás de quién o quienes están en su contra. Porque si llegara a suceder, como ha sucedido, lo primero que queda destruido es la confianza, poca o mucha, que tenga la comunidad en el Estado.

Sin esa confianza no hay nada. La Policía lo sabe.