El nuevo puente sobre el río Zulia marcó otro retraso para su terminación y puesta en funcionamiento, generando malestar en la región y cuestionamientos, porque es inentendible que surjan tropiezos que se suponía debían estar prevenidos y solucionados con suficiente antelación.

Encontrar que entre las barreras que llevaron a correr las fechas en el calendario se encuentran las demoras generadas en la negociación de los predios, es en verdad una actuación que descalifica la eficacia en los procesos.

De la necesidad de hacerle un reemplazo al septuagenario viaducto Mariano Ospina Pérez se ha venido hablando desde hace varios años por haber concluido su vida útil y quedado pequeño y falto de capacidad para soportar el intenso tráfico de carga y pasajeros.

Era obvio entonces que se tuviera la suficiente idea de lo que tenía que hacerse para reemplazar la vetusta estructura, cuestiones entre las que, de lógica, debería encontrarse la adquisición de predios.

Es recomendable tener presente que nuestra legislación permite la expropiación administrativa, con la respectiva indemnización, para la ejecución de programas y proyectos de infraestructura vial, si pasado un lapso prudencial fracasan las etapas de oferta de compra y acuerdo voluntario de venta.

Todo eso hay que ponerlo de presente, para precisar que hay actuaciones dentro de la ley que facilitan algunos procedimientos que de entrabarse pueden terminar generando efectos negativos sobre el interés general.

Y el reflejo negativo para este caso en particular lo dio a conocer la interventoría cuando dijo que la culminación del arco metálico del puente se ha demorado, precisamente, por las complicaciones generadas en la obtención de los terrenos y las demoliciones que se debieron hacer con la antelación debida.

Además, dentro de este efecto dominó de las prórrogas -la cuarta más exactamente- aparece lo relacionado con los accesos al paso sobre el río Zulia que soportará las volquetas cargadas de carbón, tractomulas, buses, camiones, automóviles y motocicletas.

Recordemos que este puente es como el cordón umbilical entre el área metropolitana, el Catatumbo, los pueblos de occidente y la Costa Atlántica, lo cual indica su vital trascendencia para la conectividad,  la economía y la movilidad de nuestra región.

El 31 de diciembre de 2022 no pudo ser posible que quedara como fecha de terminación. Ahora debemos esperar hasta febrero de 2023. ¿Será que no aparecerá por ahí otro obstáculo de última hora?

Eso no pude seguir ocurriendo ni con esta, ni con otras obras de esa envergadura, de las que se informa cuándo terminan, pero cuya fecha tiende a volverse eterna conllevando traumas y resultados contrarios a los esperados por la comunidad interesada.

Confiemos que este sea el último cambio de fecha para culminar este puente que hace parte del proyecto de mejoramiento de ocho kilómetros y de mantenimiento de 243 kilómetros de la carretera Cúcuta-Sardinata-Ocaña, con una inversión superior a los 36.500 millones de pesos, de acuerdo con el Ministerio de Transporte, que calculó en unos 753.000 habitantes de los municipios de la zona de influencia que resultarán directamente beneficiados con las obras.

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