En 1967, y luego de tres años, los constructores entregaron lo que hoy es Guatavita La Nueva, un hermoso pueblo que es atractivo turístico internacional.

Desde entonces, nadie ha cambiado de sitio ni siquiera un ladrillo, y sus habitantes cuidan el pueblo como su mayor tesoro: viven de él, de sus paredes blancas y sus techos de teja roja, de sus calles empedradas, en fin, del conjunto arquitectónico que es citado con frecuencia en foros internacionales cuando hay necesidad de referirse a la manera como se debe cuidar un pueblo.

Guatavita La Nueva es, ni más ni menos, como se supone que debiera ser Nuevo Gramalote, el proyecto de 375 mil millones de pesos que el presidente de la República les prometió a los habitantes del pueblo que se tragó la tierra.

Y decimos se supone que debiera ser, porque, cinco años después, cuando por fin toman ritmo los trabajos, los gramalotenses han dicho que tal como está diseñado, y aprobado por ellos, el pueblo no les gusta. Casualmente, el cambio de opinión coincidió con el cambio de alcalde, con cuya administración también cobró fuerza, hasta el punto de interferir en los planes oficiales, el desarrollo de un asentamiento irregular en Pomarroso, el terreno descartado para el pueblo.

Al alcalde se le han escuchado expresiones que coinciden con las que han formulado los beneficiados con las nuevas casas, referidas a la posibilidad de que los dueños de casas puedan modificarlas como les parezca.

Ello llevaría a modificar los términos del contrato con los constructores, lo cual por ahora es casi un imposible, para que diseñen y construyan casas que en cualquier momento puedan soportar las ya tradicionales planchas y azoteas, y el local comercial, que dicta la costumbre colombiana.

Al parecer, los habitantes quieren hacer del pueblo un gran mercado en el que puedan atender a los turistas que esperan. Pero no se dan cuenta de que el atractivo de Nuevo Gramalote debiera ser idéntico al de Guatavita: la armonía de un conjunto arquitectónico original, sin modificaciones, sin violación alguna de su Esquema de Ordenamiento Territorial.

Ante la situación, es oportuno señalar que la obligación del Estado es la de garantizar el derecho a la vivienda, y a cumplir con ese compromiso se dedica. No puede construir centros comerciales. Ni siquiera puede garantizar que habrá un templo católico o de cualquier otra religión.

Lo más cerca que puede estar en ese aspecto es para ofrecer un edificio destinado a las actividades comunitarias. La Constitución no se puede reformar para satisfacer a los gramalotenses que, en cambio, podrían aprovechar su nuevo pueblo para dar ejemplo de integración y tolerancia y establecer un lugar abierto a todas las religiones. Como en muchos lugares, los aeropuertos entre ellos…

Pero lo que no se puede permitir es que luego de cinco años de discusiones y de acuerdos, se introduzcan modificaciones. Los promotores y estimuladores de la idea de construir como se pueda, entre ellos el alcalde, ¿habrán hecho cuentas de cuánto dinero de más se necesitaría para solucionar un problema que, así no se quiera aceptar por todos, no es culpa ni del Estado ni del gobierno? ¿Y habrán hecho cálculos de cuánto tiempo más tardará la solución?

Es hora de moderación y de sindéresis, de pensar en que mientras todos los colombianos hacemos un enorme esfuerzo por darles a los gramalotenses la vivienda que perdieron, en el país hay decenas de miles de personas que tienen solo la esperanza de que algún día puedan meterse en una pieza incómoda con su familia. Si acaso…

De todas maneras se hace necesario que la Procuraduría, que en Norte de Santander brilla por su inmovilidad y su apatía ante muchas denuncias, u otro de los organismos de control, dedique un tiempo a investigar y establecer qué intereses especiales están detrás de la agitación actual. Pero que sea pronto.