Entre las más grandes ciudades de Colombia, Cúcuta es la que tiene peor medioambiente, según estudio del Minambiente. Significa que es la menos apta para vivir, porque muchas cosas atentan contra el hombre y los demás seres vivos.

Y de esa hostilidad permanente del medio hay muchos culpables, empezando por sus habitantes, quizás los de menor conciencia ecológica en el país, pasando por las autoridades en general, y terminando con la autoridad medioambiental.

Cada que consideramos necesario ponernos de ejemplo, sacamos a relucir nuestra fama de ciudad verde, como si eso solo fuera suficiente para demostrar a cualquiera que somos una ciudad ambientalmente amigable. Es más, el concepto de verde no necesariamente indica que protegemos la naturaleza o que tenemos un medioambiente al menos favorable.

Desde arriba, la fronda de los árboles de Cúcuta oculta la basura tirada, las alcantarillas abiertas, los colchones amontonados, el agua potable rodando hacia los desagües, los excrementos de miles de perros y gatos, los prados devastados, la gasolina de las pimpinas marchitando jardines residenciales y separadores de vías…

En este caso nuestro, los árboles no dejan ver el bosque… Ellos son nuestra única y manida defensa cuando alguien nos habla del ruido infernal en el centro de la ciudad, del humo de buses, cocinas y quemas, del aceite de motor, la grasa y de los combustibles de centenares de talleres automotores en las calles y en las avenidas, del nim, que está aniquilando a los demás árboles y a todas las especies de insectos y otras formas de vida… De ese verde es del que nos enorgullecemos.

Cúcuta es una curiosa y contradictoria ciudad verde en la que dos órganos del Estado prefieren dejar que el medioambiente se convierta en una realidad de la que nos deberíamos avergonzar, en vez de enorgullecernos, antes que ceder un ápice en la disputa que mantienen, por razones que algunos observadores relacionan con las facultades para contratar obras.

Cúcuta es una ciudad con muchos árboles, es innegable. Pero, también, la que más espacio público tiene perdido y la que ha tenido las autoridades más laxas y permisivas entre las mayores de Colombia.

En vez de perseguir a los usurpadores del espacio público, por razones que tienen que ver con la política, acá se pacta con ellos, se les otorgan concesiones y se les permite cualquier actividad, incluso delictivas. Porque permitir la venta de gasolina de contrabando es delito, aunque las autoridades no lo acepten. Porque permitirles a vendedores de licor y otras cosas apoderarse de los parques y andenes, y montar allí expendios, no es una conducta de la que se pueda ufanar autoridad alguna. Porque entregarles las calles a los vendedores de lo que sea es también atentar contra el medioambiente y, en consecuencia, contra el hombre.

No solo permitir la muerte sino propiciarla y estimularla, no en un río, el Pamplonita, sino en tres —también el Zulia y el Táchira—, es un crimen contra la naturaleza y, por supuesto, contra la humanidad. Y a eso estamos dedicados, con las autoridades a la cabeza, desde hace largos años.

Porque no hacer lo que se debe para proteger la naturaleza es repudiable, en especial si se tienen las herramientas legales para sancionar a quienes atentan contra ella y no se sanciona.

¿De qué sirve tener unas normas ambientales que sancionan con toda la severidad a los violadores de estos conceptos, si las autoridades correspondientes, por ejemplo, no solo no las aplican sino que toleran y hasta pactan atentados como los que ocurren con el espacio público?

Pero, ¿cuál es la causa de las causas para que Cúcuta sea la ciudad que es en materia de medioambiente? La falta de educación. Los organismos estatales a los que les corresponde educar en materia ambiental han fallado de manera  estrepitosa.