Tibú, Puerto Santander, Cúcuta, Ábrego y Ocaña son en la actualidad los municipios con más casos de homicidios en Norte de Santander con corte al primer trimestre del presente año, con 120 crímenes.

Recordemos que el territorio tibuyano ha tenido una escalada de asesinatos que lo ha llevado a competir con ciudades colombianas más grandes en materia de habitantes y últimamente se hizo tristemente célebre por la ola de muertes violentas de mujeres.

Lo mismo ha ocurrido con el porteño municipio fronterizo con Boca de Grita, en Venezuela, que ha llevado incluso a que la administración municipal reclame a las autoridades policiacas su permanencia constante.

Y la capital nortesantandereana y la segunda ciudad del departamento tampoco escaparon de esa estela de homicidios que hoy preocupa a la ciudadanía que siente cada día más desprotegida su vida.

La falta de políticas públicas y de estrategias de seguridad que generen objetivos y metas cuantificables, que permitan direccionar las acciones de las autoridades para garantizar la seguridad de la población, es médula del problema, de acuerdo con el análisis de Border Lab, Laboratorio de Frontera.

Y tiene toda la razón, porque no se puede actuar como apagando incendios aquí y allá, sin contar con los planes concretos para desde el punto de vista de la operatividad ejecutar las acciones que permitan prevenir, sofocar y enfrentar esa criminalidad que desata dicha ola de asesinatos.

Los diagnósticos ya están a la luz del día, con un Catatumbo afectado por el narcotráfico y territorio en el que se encuentran por lo menos 15 estructuras que alimentan la agitación del orden público en esa parte del departamento.

El microtráfico, el contrabando, las bandas criminales, la guerrilla y la delincuencia que hacen de las suyas en la zona de frontera y en ese corredor hacia el territorio catatumbero, obviamente traen consigo la inseguridad hacia las ciudades y localidades vecinas como Puerto Santander.

Pero si eso lo saben perfectamente la Policía, el Ejército y la Fiscalía y las mismas alcaldías y la Gobernación, por qué no han diseñado y puesto en marcha un plan concreto para combatir dichos flagelos que finalmente son los que motivan muchos de los asesinatos, bien sea porque hay alguna conexión o porque simplemente se quiere provocar temor entre la población para ser sometida al imperio de la delincuencia.

Y si ven que no solo en las operaciones netamente policiacas o del Ejército está la varita mágica para doblegar ese mal, como lo afirmara la abogada María Fernanda Fuentes, consultora de Border Lab, en el sentido de una urgente  articulación de esfuerzos concretos con el Gobierno Nacional, en busca de mantener la presencia institucional, la articulación con las políticas sociales y la atención diferenciada de las conflictividades, así como analizar particularmente la situación de la zona rural de Cúcuta, pues en 2020 los homicidios aumentaron en un 179% respecto a 2019.

Lo cierto es que la ciudadanía exige resultados concretos y verificables en capturas, pero también en judicialización y condenas de los responsables de esos asesinatos, y sin dejar de lado que los nortesantandereanos igualmente reclaman que a las organizaciones criminales se les corte la posibilidad de enrolar más gente, creando para ello oportunidades de empleo, apoyo real al emprendimiento y posibilidades ciertas de educación.

De lo contrario, seguiremos repitiendo cada tres meses, que la escalada homicida no cesa y que la inseguridad empeora.