Jugar con el hambre de los niños, niñas y adolescentes que son cubiertos por el PAE para garantizarles una educación de calidad es un delito y habrá de esperarse que ante la justicia sea llevada la mafia que mediante artimañas e intimidaciones impide que la contratación llegue a feliz término.

Peligroso resulta, según las denuncias, que al mejor estilo de organizaciones criminales se lancen intimidaciones y amenazas veladas contra quienes han querido participar como oferentes en la licitación para ese programa al cual se le asignaron $37.447 millones.

Delicado y a la vez extraño que ese poderoso cartel que quiere ser el amo y señor del PAE, dé a entender con las notificaciones atemorizantes que él también es el todopoderoso que no dejaría que en la región se moviera ni una bolsa de leche ni un pan y otros alimentos requeridos para el PAE cucuteño.

Tolerancia cero es la que debe de imperar en las investigaciones que se supone ya deben de estar en marcha para desenmascarar, desbaratar, capturar y llevar ante los estrados a los miembros de esa organización que utiliza métodos delincuenciales y que está cercenando el derecho a la educación digna a 78.020 estudiantes de colegios públicos de la ciudad.

Vergonzoso, por no decir lo menos, resulta que un programa netamente social que conlleva a mejorar las condiciones alimentarias de niños y jóvenes de escasos recursos, sea visto como una simple mercancía para mantener los bolsillos llenos de quienes, como lo denunció La Opinión, insisten en mantener el monopolio operativo del PAE en la capital de Norte de Santander, el cual ya completa dos  meses de retraso.

Dejando de lado este oscuro capítulo que viene a afectar al sistema de contratación estatal, el cual deberá ser resuelto por la justicia, los padres de familia y la ciudad esperan que ahora sí el lío se supere y el PAE se empiece a servir pronto.

Evitar la deserción de las aulas por hambre es la base de este plan y por ello si ya hubo mejora en los precios de las raciones industrializadas y en el valor de los almuerzos hay que volver a intentarlo.

Enviarles el mensaje a los potenciales oferentes locales y nacionales de que hay un blindaje contra esa mafia y que la Fiscalía, la Procuraduría y la Procuraduría acompañan el proceso licitatorio, es la primera misión que ahora deben de hacer tanto el alcalde Jairo Yáñez como la Bolsa Mercantil Colombia.

 Restablecer la confianza es una cuestión esencial para llevar a destrabar el concurso que ahora se estableció mediante la fórmula de contratar a cinco operadores para atender a esta población escolar beneficiaria.

En este aspecto, y entendiendo que se trata de un gasto social precisamente para que los niños estén en el aula y no en otras actividades, es igualmente vital que el gobierno local, si es menester,  reconsidere el sistema de escogencia y evalúe de nuevo si los costos son los más adecuados, teniendo de presente un factor que ahora juega con fuerza, como es el inflacionario, que desfasa este clase de negociaciones.

Hay que determinar de una vez por todas si habrá un nuevo intento por medio del comisionista de bolsa para la búsqueda de los mejores oferentes, o habrá que optar por la selección abreviada por conducto de la subasta inversa.

El tiempo vuela, el desespero de los padres de familia es entendible puesto que no podemos tapar el sol con un dedo para saber que el PAE es para sus hijos el alimento más importante, porque en sus casas no les pueden calmar el hambre a raíz de problemas como el desempleo, pobreza e informalidad.