Sofía Velásquez y su familia, y como ellos muchos colombianos, no creen en el sistema de Justicia. No pueden creer, porque durante 30 años, por errores graves de la Fiscalía lloraron sobre una tumba que creyeron la de su madre, María Isabel Ferrer, una de las víctimas de la retoma del Palacio de Justicia.

No es la de Ferrer, les dijo la Fiscalía, para luego de pocos días admitir que sí era, pero que en realidad en esa tumba estaban también los restos de Cristina del Pilar Guarín, también muerta en Palacio.

Al final, quedó claro que de Ferrer allí solo estaban los pies. Lo demás está perdido, quizás para siempre.

La premura por deshacerse de cadáveres embarazosos, en una época en la que muchas cosas se hacían a escondidas, bajo el cobijo del interés prioritario por preservar una rectitud y una pulcritud que no tenían ni el gobierno ni los aparatos del Estado, sobre cualquier otro interés, llevó a que se cometieran errores infames que hoy solo avivan el dolor exasperante de aquella jornada trágica.

¿Cómo compensarles a los parientes de Guarín la incertidumbre de 30 años durante los cuales nunca supieron qué pasó con ella? Ahora saben que murió; hoy tienen la certeza, porque la Fiscalía lo demostró más allá de cualquier duda, pero durante todo este tiempo los mató no saber nada. Y los mató el silencio de fiscales, militares y sepultureros.

Los mató la violación del derecho de las personas a saber de sus parientes, el abuso de mandos medios en el gobierno débil de un presidente que dejó de serlo por largas horas. Los mató la soberbia del Estado concebido como aparato jurídico para garantizar un statu quo insostenible. Por eso, la toma del Palacio; por esa razón, el recrudecimiento de la guerra.

Recursos había, y suficientes, para establecer a plenitud la identidad de cada persona sacrificada. Lo que no había era interés en aceptar que hubo errores de tal gravedad que 30 años después aún nos causan vergüenza. Lo que no hubo fue la voluntad política suficiente para reconocer que hubo asesinatos por parte de las tropas, y que, además de ello, hubo terribles infamias como la de esconder cuerpos y negar la existencia de víctimas inocentes.

Al paso que vamos, es muy probable que no haya otra tragedia como la del Palacio de Justicia, con la enorme secuela de abusos y atropellos al derecho, a la gente y a la lógica. Es una convicción basada en el avance institucional y político de una sociedad cansada de guerrear y de sufrir.

Pero, no faltarán jornadas dramáticas de muerte y dolor, como las que por tiempos nos deja la naturaleza. Para enfrentarlas, muchos organismos del estado —lo probaron con la emergencia del cierra de la frontera por parte de Venezuela— están actualizados en materia de recursos humanos y físicos.

Otros, la Fiscalía, quizás tenga que ajustar muchos de sus procedimientos, para evitar que se repitan los episodios insoportables de los Velásquez y los Guarín, llorando muertos ajenos, los unos, buscando a los suyos para descargar su dolor, los otros. Y, al final, las dos familias, por la obscena actitud de los funcionarios de hace 30 años, sin saberlo tenían en la misma tumba un lugar de infamia.

Los adelantos científicos permiten superar errores y actos criminales, porque esconder un cadáver es un terrible acto ilegal, y por eso es de confiar en que, para siempre, se tenga absoluta garantía de que los fiscales y los forenses sabrán lo que dicen y hacen.

Que no haya más engaños, ni por ignorancia ni por torpezas ni por alguna otra razón explicable, mucho menos porque los agentes del Estado prefieren burlarse de los ciudadanos y de su dolor, antes que revelar la verdad.

Eso no debe repetirse jamás.