El voto libre es un derecho constitucional y, como tal, hay que blindarlo a como dé lugar de quienes se ‘visten de demócratas’ pero que mediante el maletín o las ofertas extraordinarias usan la llave corrupta para abrirse paso en el escenario político. 

Una de las formas ya tradicionales de afectar esa voluntad popular es la ejecutada por los compradores de votos con sus ofrecimientos de dinero o de prebendas a cambio de apoyar a determinado candidato o fórmula política.

El ofrecimiento de hasta cincuenta millones de pesos de recompensa por la información que permita desenmascarar a quienes incurren en dicho delito electoral es una alternativa válida.

Es bueno tener presente que el Código Penal tiene una clara advertencia contra estas personas u organizaciones que incurren en esta operación ilegal en la temporada de elecciones.

Quien prometa, pague o entregue dinero o beneficios a un ciudadano para que vote por determinado candidato o partido o incluso para que se abstenga, incurre en este delito. Tanto el que compra como el que vende son responsables, son los términos con los cuales se describe este hecho ilegal.

La norma establece penas de entre cuatro y ocho años de prisión, multas de 200 a 1.000 salarios mínimos y la pérdida de derechos y funciones públicas por el mismo tiempo de la condena.

Esperemos que la opción de la recompensa funcione y veamos en el banquillo a aquellos que mercadean con la conciencia del votante, lo cual es muy dañino para la democracia.

Por ejemplo, ese ciudadano ni siquiera tendrá la opción de acercarse al politiquero que mediante esta indigna operación logró ser elegido, pues al haber aceptado vender  el voto, queda sin la opción de reclamarle o exigirle por el cumplimiento de sus promesas.

Es que además, la compra de votos puede llegarse a equiparar en su peligrosidad con la misma violencia, porque en últimas ambas van dirigidas a constreñir al elector, uno con dinero o puestos y el otro con fusil, para que determinado candidato logre llegar, torciendo la realidad.

Esta corrupción electoral hay que enfrentarla con todo rigor para combatir de paso el famoso clientelismo que gracias a ese método se perpetúa y de paso conlleva hacia el alza los niveles de desigualdad social.

Esta práctica hay que erradicarla de plano y el primer eslabón que puede colaborar para romper esa cadena es el mismo ciudadano acudiendo a la denuncia ante las autoridades respectivas.

Guardar silencio frente a este delito implica infligirle daños a la suerte misma del país y puede llegar hasta convertir a las personas en cómplices de aquellos que le  juegan sucio a la democracia con sus prácticas en contra de la transparencia  y pureza del sufragio.

Proteger el voto de una actuación ilegal como esa, es un favor que se le presta a la democracia colombiana que necesita con urgencia una depuración en las costumbres políticas y ciudadanas a fin de que alcancemos gobernabilidad, solución equitativa de los problemas que afectan al país y  la consolidación institucional.

Todos debemos tener muy claro de que el voto ni se compra ni se vende.

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