A veces, los pueblos se equivocan, y de qué manera, cuando escoge a sus líderes y gobernantes. Pero esas veces son las menos. De ordinario, hay acierto, no tanto porque no escogieron a uno determinado, sino porque lo descartaron.

Es, quizás, lo que ocurrió con el exministro y excandidato presidencial del Centro Democrático (CD), Óscar Iván Zuluaga: no fue elegido presidente. Menos mal: es muy probable que el país estuviera hoy ardiendo por los cuatro costados, una gran hoguera avivada por cada palabra de su mandatario.

Estas son sus palabras: “Seguimos en esa lucha (de los líos judiciales de líderes del uribismo). Aquí ha habido una politización de decisiones judiciales. 

Nuestras personas detenidas hoy son presos políticos. Hemos denunciado situaciones lamentables que se han cometido en investigaciones y decisiones (…) Ya hemos tenido presencia de algunos organismos internacionales que han escuchado al exministro Diego Palacio, por ejemplo. 

Después de oír grabaciones de la Corte Suprema en ese caso no queda duda de que allí lo que hubo fue un fallo en materia política y cuando esto ocurre estas personas se convierten en presos políticos”. 

Afirmar, con todo el énfasis que les pone a sus palabras y el empeño con el que se opone al gobierno de Juan Manuel Santos, que los miembros del CD que están encarcelados por cometer delitos “son presos político” es, además de una postura difícil de sostener, una declaración que lo deja en el ridículo total.

¿Cómo se puede calificar de presos políticos a los responsables de todas las interceptaciones telefónicas a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, a opositores al gobierno de Álvaro Uribe, y a periodistas?

¿Y los responsables del andamiaje criminal de la parapolítica, vale decir, funcionarios del más alto nivel en el gobierno, congresistas adeptos al ideario de Uribe, vertido ahora en el CD, también son presos políticos?

Y el inverosímil caso del cohecho de la Yidispolítica ¿también cabe dentro de esa categoría del exministro de arropar con el carácter de presos políticos a los cohechadores? Es, hasta ahora, un caso muy particular de una Justicia que, al contrario de lo que argumenta Zuluaga, se ha mostrado complaciente con los antes poderosos miembros de la cúpula del poder uribista.

Solo la excongresista Yidis Medina fue a la cárcel por cohecho, porque en teoría recibió gabelas del gobierno para votar la reelección presidencial, pero, en cambio, los cohechadores, es decir, quienes ofrecieron las dádivas, siguen en la calle, libres de responsabilidad. El cohecho es un delito cometido por dos partes, y si una va a la cárcel, la otra, obvio, también. Pero en la justicia politizada que critica Zuluaga, solo ha ido la parte más débil, que no tiene que ver con el CD.

De haber sido elegido Zuluaga, no habría el proceso de paz que Colombia merece y respalda, y todos los paramilitares que llevaron a Uribe al poder y los funcionarios que cometieron delitos y están presos, andarían libres por la calle y la impunidad sería una especie de estado de opinión.

Y todos los colombianos que representaran alguna incomodidad para el gobierno estarían, de nuevo, hostigados por chuzadores profesionales y por los hackers contratados en la campaña del CD, a los que, además de otorgarles ‘patente de corso’ para hacer y deshacer, se les advertiría que sus acciones de ningún a manera serían delictivas. Serían servicios al Estado.

Y, obviamente, todos los colombianos honrados e íntegros, estarían a un paso de convertirse en terroristas por solo decir lo que no les hubiera gustado del gobierno del exministro, devenido ahora en teórico del derecho y de la criminalística. Menos mal…