Que se cambie el color del uniforme es lo de menos, pues esto tiene que ser como la última fase dentro de un completo y profundo plan de reestructuración y de mejoramiento de imagen de una institución tan importante en la vida colombiana como lo es la Policía Nacional, creada mediante el Decreto 1000 que data del 5 de noviembre de 1891.

En aquella oportunidad se indicó que dependería del Ministerio de Gobierno (hoy del Interior), pero en la actualidad está adscrita al Ministerio de Defensa, asunto que en concepto de su exdirector, el general retirado Óscar Naranjo  debería ser revisado y sacarla de la órbita del citado despacho ministerial.

Sin embargo, el gobierno del presidente Iván Duque es de otro parecer en su estrategia, mediante la cual pretende la transformación integral de la institución policiaca y la modernización de la cartera de Defensa, asunto en el que las mayorías del Congreso de la República lo acompañaron hundiendo un proyecto para que buscaba reformas en temas como uso de la fuerza y en los procesos de formación.

De todas maneras el proceso dará mucho de qué hablar si observamos el contexto en que ocurre, como lo es el paro nacional, en medio del cual se han desatado múltiples denuncias de presuntos abusos policiales en contra de la protesta social y que se han expuesto ante la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Lo importante es que los colombianos tengan la oportunidad de hacer sus comentarios, plantear sugerencias, exponer sus críticas y reclamar cambios contundentes en este momento histórico que vive la Policía, para lo cual el Gobierno Nacional debería habilitar una  plataforma virtual participativa, semejante a la que se abrió para la discusión ciudadana sobre la nueva reforma tributaria.

Incluso, deberían darse diálogos en los territorios sobre este asunto de tanta trascendencia para el fortalecimiento de la seguridad ciudadana. No es hablar por hablar. Es conversar para sacar cuestiones en claro que ayuden a afinar procedimientos y a recuperar la confianza entre el colombiano y su policía.

Por ejemplo, el aspecto relacionado con la creación de una Dirección de Derechos Humanos dentro de la Policía Nacional para la prevención, protección y respeto por ellos y el fortalecimiento de la política institucional, es de vital análisis con la ciudadanía.

Tambien es de trascendental importancia el debate con las organizaciones de derechos humanos que en un momento dado deberían de llegar a tener asiento allá, como veedores o partes integrales en representación del ciudadano.

Ahí reposa una parte fundamental de la reforma que se haga y por ello resultaría un paso adelante que organismos internacionales especializados apoyen al país en ese aspecto, porque es fundamental que se comience a entender que los enfrentamientos en el conflicto armado son radicalmente distintos a confrontar protestas callejeras.

Hay otro punto que tampoco  debe quedarse solo en el anuncio, y es avanzar en la lógica de cambio dentro de la interrelación con la ciudadanía: nos referimos a la propuesta gubernamental de construir un  nuevo modelo de vigilancia policial con cuadrantes de vecindario, mayor y mejor relacionamiento con la gente y un acento muy especial en los jóvenes, dentro del cual se impulsará la campaña “Soy joven y estoy contigo”.

Si eso que se lee ahí fuera real, podríamos decir que estaríamos regresando a los tiempos en que el policía era casi que una parte de la familia de los colombianos. El trabajo será duro para lograrlo. Pero el toro hay que tomarlo por los cachos y no maquillar para aparentar cambios sino avanzar en una reconstrucción benéfica para todos.