Norte de Santander arrastra el lastre de 320.429 personas que se han declarado como  víctimas del conflicto armado, de las cuales 232.653 son objeto de atención o reparación por parte del Estado por medio de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.

Se trata de un estigma que quedará ahí por generaciones porque irremediablemente las familias a lo largo del tiempo cuando vayan dando a conocer las honduras de su pasado, ese dolor continuará rondando a sus integrantes y a la misma sociedad.

Hay resulta de la mayor trascendencia que la reparación vaya mucho más allá de los recursos económicos y materiales, y se logren sanar las heridas para que de los corazones se vaya la venganza y el odio no los acompañe en el resto de la vida.

Después de más de cincuenta años de guerra entre colombianos, localizados en diferentes bandos (la Fuerza Pública, las guerrillas y los paramilitares), tenemos que luchar porque la verdad fluya y los involucrados en hechos sangrientos contra la población civil, sigan teniendo la capacidad de pedir perdón, incluyendo a la misma institucionalidad.

Es innegable que la recuperación económica es de alta prelación para evitar la revictimización de los ciudadanos golpeados por la crisis que hemos atravesado a lo largo de cinco décadas y que tuvo su punto culminante con la firma del acuerdo de paz con las Farc o que muchos  de ellos se vean impulsados a lanzarse a las fuerzas violentas para tratar de salir adelante.

La respuesta a lo anterior la encontramos en lo expuesto por Johanna Gelvez Ascanio,  directora territorial de la Unidad para las Víctimas: “La proyección que tenemos es que con la aprobación del Conpes, pronto nos den la buena noticia de que podemos tener los recursos disponibles para indemnizar a la mayor parte de la población en Norte de Santander y Arauca”.

Pero en la otra orilla hay notificaciones como la siguiente: ¿cuántos años más tenemos que esperar las víctimas que no cumplimos con esas condiciones que exigen?

Sucede que a partir de 2018, de acuerdo con denuncias de las mismas personas que en un momento dado figuraban como beneficiarias de la Ley de Víctimas, les impusieron barreras o condiciones prioritarias la indemnización como edad, situación económica,  tener alguna discapacidad o enfermedad grave, entre otras.

Una advertencia que ha llamado la atención  es la manifestada por Uflandia Alfonso Feliciano, presidenta de la Asociación de Mujeres Víctimas del Conflicto Armado de Cormoranes, que fue desplazada, quien frente a la talanquera oficial ha dicho en referencia al instante que fue obligada a salir huyendo:

“Cuando nos despojaron de nuestras tierras, a nosotros no nos pusieron ninguna condición, no miraron si teníamos alguna discapacidad, solo tuvimos que salir huyendo, sin esperanzas de nada”.

Asuntos de esta naturaleza   requieren de urgente solución, afinando los esquemas que se tienen para la consolidación y verificación de los datos y tener en cuenta las mismas condiciones en que se produjeron los hechos que llevaron a muchos salir huyendo por amenazas o porque los desplazaron forzosamente los grupos armados ilegales.

Bien es sabido que es un trabajo extenuante, pero la aplicación de la Ley 1448 de 2011 en los territorios de Norte de Santander debe de garantizarse para cerrar dolorosos capítulos de desarraigo, desaparición y muertes violentas y no dejar a las familias en estado de indefensión y expuesta a nuevos riesgos como los que se advierten en la actualidad en medio del posconflicto.