Lo que se ha conocido de Arauca  y en menor proporción de Tibú como municipios petroleros, realmente dimensiona algo no imaginado del pasado y presente de esas localidades que siguen llenas de necesidades y de violencia, pese a la creencia de que las regalías por los recursos naturales no renovables los iban a sacar de pobres.

La corrupción con su diversidad de hechos que facilitan la dilapidación, pérdida,  malversación y desvío de esos recursos, sumada a la politiquería y a gestiones equivocadas, ha tenido en ese frente una responsabilidad de primer orden.

Los medios de comunicación recogen el pedido de los  gobernadores de los 32 departamentos para que el Plan Nacional de Desarrollo les respete su autonomía territorial en el manejo e inversión de las regalías, porque están inquietos sobre una posible centralización en este campo.

La inquietud sobre la imposición de nuevas reglas para estas inversiones, suenan como unas cadenas que confirman los riesgos de la corruptela, relacionado con el descubrimiento de un entramado para embolsillarse cerca del 12 por ciento de los dineros del OCAD-paz.

Recordemos que por este escándalo destapado el año pasado hay señalamientos contra funcionarios del Planeación Nacional, la Contraloría General de la República y congresistas.

Luego se advierte el riesgo, la fragilidad y el peligro que acechan y atacan a estos recursos en los distintos esquemas y sistemas que se han montado para su asignación y uso, puesto que la corrupción siempre se ha dado la maña de romper los blindajes.

Así que no solamente se trata de defender autonomías constitucionales sino de cuestiones éticas y de defensa de los recursos de las comunidades, porque la verdad es que en el asunto de las regalías todas las reglas que se han aplicado terminan teniendo graves problemas.

En este momento hay una discusión entre los gobernadores concentrados en la Federación Nacional de Departamentos y el Gobierno Nacional, que debiera servir para trazar un real plan que en verdad proteja ese dinero desde que se asigna hasta que se convierte en proyecto viabilizado y ejecutado.

De lo que están hablando ahora es que en concepto de los mandatarios departamentales las regalías no son del Gobierno Nacional sino de las administraciones territoriales y por eso no admiten que les traten de ponerles condiciones a los alcaldes y gobernadores en el destino de esa plata, que podría resultar afectando los planes indicativos.

Esto surge porque Planeación Nacional ha expuesto que los proyectos aprobados en el sistema de regalías deberían consultar las líneas del Plan Nacional de Desarrollo, que en caso de prosperar es considerada una fórmula que iría contra la descentralización y la autonomía local.

Lo cierto, es que cualquiera de las dos fórmulas posibles para su ejecución, no servirían de nada mientras exista la voraz corruptela tanto en el orden nacional como en el local.

Lo justo en estos casos es que la Constitución prime, que el ciudadano en el campo y en la ciudad se beneficie con las obras y programas sociales financiados con las regalías, pero que todos seamos veedores para  que hasta el último peso se invierta y no se desvíe, exigiendo que la protección contra la corrupción también sea reforzada.

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