Mientras el debate sobre el uso y porte de armas en Estados Unidos se cumpla en el marco estrechísimo de la Constitución y las leyes, muy poco, casi nada, se podrá cambiar en la mentalidad de la gente, que cree como su inamovible el de llevar encima al menos una pistola para defenderse.

En ese respeto a la individualidad, el mundo tendrá que acostumbrarse a que cada que a alguien le provoque, saque un poderoso arsenal de su casa, lo ponga en el baúl del carro y salga en sangriento safari a cazar negros, niños, indigentes, enfermos o a quienes se pongan en su mira.

El problema es —o era hasta hace dos días— que muy poca gente acepta que millones de ciudadanos armados en Estados Unidos no son un asunto de política pura, como lo enmarcan la Asociación Nacional del Rifle (ANR) y el Partido Republicano, sino de sentido común y de lesa humanidad.

Un análisis de CNN encontró que entre 2001 y 2013, 406.496 personas fueron muertas por armas de fuego en Estados Unidos, es decir, una ciudad como Santa Marta desapareció a balazos. Y, según CNN, la mayoría eran inocentes, entre ellas, miles de niños. Son demasiados inocentes por una asqueante obscenidad: la ANR financiando la campaña política de muchos republicanos.

Son más muertos que los dejados por las guerras en que Estados Unidos ha participado en las últimas décadas, incluida la de Vietnam. Y, sin embargo, ni las cifras ni el inmenso dolor de las familias de las víctimas han podido derrotar la amurallada concepción radical de que tener un arma es un derecho inalienable, imprescriptible, enajenable e inviolable de los ciudadanos.

En un desesperado intento por darle un viraje a la realidad, el presidente Barack Obama resultó, inesperadamente, acudiendo a un recurso que conmovió a millones y los hizo pensar en el asunto: llorar recordando los 20 niños asesinados en la escuela de Sandy Hook, en Connecticut, pero muy probablemente ni siquiera con sus lágrimas llegó a donde tenía que llegar con su mensaje: los fabricantes de armas, los republicanos, la ultraderecha radical.

No terminaba su emotivo discurso de solo 90 segundos, y ya Texas y sus intransigentes gobernantes anunciaban que se opondrían con todos sus recursos legales al mandato presidencial de someter a examen de antecedentes judiciales y mentales a los vendedores de armas y, por supuesto, a los compradores.

El mensaje del gobernador texano, Greg Abbott, dejó la sensación de que para él y su gente Obama es una especie de demente que no tiene idea de lo que dice, y que en el estado de la estrella solitaria, cualquier ciudadano está autorizado, desde el 1 de enero, a andar por la calle mostrando su arma en la cintura o al hombro, como en el viejo Oeste, sin que nada le ocurra con la ley.

El interés real no tiene que ver, jamás lo ha tenido, con los derechos individuales, con la Segunda Enmienda de la Constitución, mucho menos con las vidas de los inocentes.

En este asunto, que apesta por donde se le mire, lo único que vale es el dinero de los accionistas y el dinero de las campañas. De lo demás, se puede decir, como la popular canción: “no vale ni un tiro”.

Al extraduro Abbott, a la ANR, a los republicanos y, obviamente, a los fabricantes de pistolas y fusiles, les tienen sin cuidado las lágrimas de Obama y el dolor de las personas que estaban junto a él mientras hablaba. Eran parientes de víctimas.

Quizás llorar en directo por la tv no deje resultado positivo alguno. Pero, desde luego, es peor quedarse como hasta ahora, petrificados, inmóviles, sin mover al menos la cabeza en señal de desacuerdo, como lo ha hecho la sociedad estadounidense, que se ha dejado convencer de que tener el derecho a poseer y portar un arma es ser ciudadano completo.

El miedo y la cobardía se los comen vivos a todos.