Fue hace nueve años, el 25 de enero de 2006, no unos cuantos días, y sin embargo, todavía la Policía no ha terminado de investigar la muerte de la alférez Lina Maritza Zapata, de 21 años, ocurrida dentro de la Escuela de Cadetes de la institución armada.

La Policía dice que Zapata se suicidó, pero la familia sostiene, desde esos días, que fue asesinada para silenciarla, porque estaba dispuesta a denunciar a una red de prostitución interna que recluta cadetes y a la que se conoce con el sugestivo nombre de ‘comunidad del anillo’.

La tragedia de Zapata saltó de nuevo a los grandes titulares, luego de que la periodista Vicky Dávila, con base en correos electrónicos anónimos, pero desde la Policía, denunció que ella, su familia y otros reporteros son espiados y están bajo vigilancia permanente de la Policía.

Habría cuatro razones para que espíen: el caso de la muerte de la alférez, en torno del cual hay un estudio de absorción atómica que al parecer demuestra que ella no usó su arma para matarse; el llamado Caso Lasso, en relación con el capitán Jorge Lasso, ayudante del general Rodolfo Palomino, director general de la Policía, acusado, entre otras cosas, de interferir en un procedimiento policial, y la comunidad del anillo, sobre la que hay mucha información circulando a manera de rumor, y, finalmente, los “cuantiosos bienes” de Palomino.

Aunque del presidente Santos para abajo se quiere generar la idea de que nada ocurre en la Policía, que en el fondo hay persecución contra Palomino y su equipo, la verdad es que, al menos la muerte de la alférez es suficiente como para que haya preocupación en la sociedad.

Nueve años investigando sin resultados una muerte a tiros, que puede ser un asesinato, dentro de la Escuela de Cadetes, que forma oficiales de Policía, es demasiado tiempo, porque es la Policía, precisamente, la que debe demostrar que no es cierto que sus investigaciones a nada conducen. Esa es la imagen que hay en la opinión pública.

Que se especule con las preferencias sexuales del general Palomino, como ha ocurrido en las últimas semanas, a nadie debe inquietar, como sí, el hecho de que su hermano, el capitán José Luis Palomino haya humillado a un agente que solo quería actuar dentro de la ley al detener a un conductor esquivo, que resultó ser el asistente del director general. Palomino ayudó ilegalmente al asistente de su hermano, el jefe de todos los policías. Y eso está mal.

Nadie duda de la integridad del general Palomino, y menos cuando la avala el propio presidente de la República. Pero cuatro escándalos simultáneos dentro de la organización que se le confió no dan imagen diferente de que adentro hay caos, que se ha perdido el control.

No hay explicación posible el caso de Dávila y los seguimientos por policías en carros de la Policía, y ese solo episodio, que se prolonga desde hace meses, no puede ser ignorado por Palomino. Si lo sabe y ha callado, ha cohonestado actos para nada claros, y si no lo sabe, falla al desconocer lo que pasa en la institución cuya dirección se le encargó.

En ese sentido, y en demostración de su integridad, quizás debiera tomar distancia de sus responsabilidades, a fin de permitir a los investigadores libertad suficiente para esclarecer lo sucedido en los episodios internos.

Así, el mismo presidente Santos tendría la oportunidad de maniobrar para buscarle solución a la eventual división de la Policía de la que se habla desde hace semanas en los corrillos callejeros.

Lo importante es que el organismo se mantenga en las condiciones en las que ha hecho la guerra contra la subversión: unida de manera monolítica y sin los problemas internos cada vez más graves en la medida en que no se resuelvan.