¡No puede ser! Ahora los recursos de la paz, los que se destinan para procurar pagar una vieja deuda social con las comunidades asentadas en los territorios en que el conflicto armado ha dejado profundas huellas, se convirtieron en botines, volviéndose famosos en los titulares de prensa y redes sociales.
Mediante una especie de ‘alcabala’ o mejor, por el cobro de coimas o gruesas sumas de dinero, determinados funcionarios que tenían el poder y el esfero para firmar y activar el visto bueno, les dieron luz verde a muchos proyectos OCAD-Paz.
De acuerdo con las denuncias periodísticas, de esa manera se enredaron y perdieron por lo menos $500.000 millones. Imaginemos que si esa plata se pudiera haber utilizado, cuántas necesidades básicas insatisfechas de miles de familias en centenares de lugares, se habrían podido solucionar.
Aunque por el momento no se habla nada sobre Norte de Santander, es importante ponerle la lupa al pasado y el presente, para evitar sorpresas.
No más miremos este detalle: a comienzos de 2021 fueron aprobados $157.000 millones por OCAD Paz para infraestructura vial, agua potable y saneamiento básico, y 87 obras PDET entregadas a las comunidades de Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú.
Es indispensable que la transparencia brille en este momento en que los nubarrones se asientan sobre el manejo de los OCAD-Paz, en el país, porque la comunidad de todas las regiones merece tener todos los detalles precisos y que se determine la verificación y control de las cuentas.
Precisamente, la Contraloría General de la República había dado a conocer algunos hechos pero no de la magnitud descubierta por los periodistas, porque el reporte del organismo de control fiscal se circunscribió a nueve municipios de La Guajira y Cesar.
Allá, la entidad detectó algo que llamó ‘cartelización’ en la ejecución de los recursos OCAD-Paz detectando una docena de hallazgos fiscales por un valor total de 67.230 millones de pesos, en Dibulla, Fonseca y Urumita, en el Departamento de la Guajira; y La Paz, Pueblo Bello, Codazzi y Becerril, en el Cesar.
Aquí sí que toma validez el dicho aquél que ‘cuando el río suena, piedras lleva’, porque después se viene hablando de un hueco mucho más grande, con la presunta apropiación ilegal de miles de millones por cobros para aprobar los proyectos, cuya red estaría integrada por funcionarios de Planeación Nacional, la Contraloría y hasta congresistas.
Por lo tanto, lo recomendable en este hecho tan delicado, que nos pone de nuevo ante el mundo como un país con corruptos depredadores que no respetan ni la paz, es que se le hiciera una veeduría a todas las inversiones provenientes de las regalías OCAD-Paz en los municipios nortesantandereanos comprendidos dentro del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).
Eso daría tranquilidad y certeza sobre los procedimientos que se cumplieron para consolidar las iniciativas cobijadas por esos dineros, con el fin de descartar o confirmar posibles anomalías como las advertidas en los departamentos mencionados.
Pero, igualmente, debería la Fiscalía junto con la Procuraduría y una comisión gubernamental someter a riguroso examen el destino de los dineros de la paz que se han invertido en Colombia en los programas de infraestructura y desarrollo en las regiones beneficiarias y emitir un informe al país.
E, igualmente, los organismos investigativos y judiciales tienen que actuar con eficiencia, eficacia y celeridad para llevar ante los estrados a quienes resulten implicados y dictarles las respectivas condenas con sus acciones de repetición y extinción de dominio de bienes que hayan sido obtenidos con el uso corrupto e indebido del dinero para la paz.
