Nunca antes en los casi 60 años del conflicto armado en Colombia se había avanzado tanto en un proceso de diálogos para ponerle fin como el que viene desarrollando el gobierno del presidente Juan Manuel Santos con la guerrilla de las Farc en La Habana.

Ha sido un proceso serio y juicioso a pesar de los sobresaltos y altibajos que tiene una negociación de esta envergadura. 

En el país ha tenido sus críticos y detractores, más por razones de índole política o electorera que por reales y convincentes motivaciones filosóficas o humanísticas. Todos los colombianos queremos la paz porque hemos sufrido mucho por no tenerla. El conflicto armado no solo ha desangrado nuestras regiones, sino que ha agravado nuestras condiciones de pobreza y ha frenado el desarrollo económico del país.

Los diálogos de La Habana han tenido y cuentan con el acompañamiento y la garantía de la comunidad internacional, lo que debe entenderse como un valioso activo que tiene que conducirnos al acuerdo final de paz que por tanto tiempo hemos estado esperando. 

El acuerdo para resarcir a las víctimas y la jurisdicción especial para juzgar los delitos cometidos por las partes es de una extraordinaria importancia y así lo reconocen en todo el mundo. El gobierno del presidente Santos ha cumplido su promesa de poner a las víctimas en el centro de las negociaciones. “Este acuerdo se ha hecho por las víctimas y para las víctimas”, dice la declaración expedida el pasado martes en La Habana pos los negociadores del Gobierno y la guerrilla de las Farc.

En una entrevista a la Agencia Colprensa, el presidente Santos acepta que la negociación aún no está concluida y reconoce que el acuerdo con las Farc sobre Justicia y Víctimas pudo haber sido más concreto en algunos detalles, como en el de la forma de reparar a los afectados por la guerra, pero se siente satisfecho con el resultado general, porque “nunca una guerrilla había aceptado en una negociación de paz que hay crímenes que no se pueden amnistiar o indultar. Es cierto que uno aspiraría a lograr absoluta reparación, pero debemos entender que la prioridad es lograr la máxima satisfacción de los derechos de las víctimas y, al mismo tiempo, terminar el conflicto”, dijo el presidente. 

En esa misma entrevista el presidente destacó que “las reacciones que hasta ahora hemos recibido han sido muy positivas, pues estamos garantizando seguridad jurídica a los miembros de nuestras Fuerzas Armadas y que, en ningún caso, reciban un tratamiento inferior al que reciban los guerrilleros que dejen las armas”.

Ayer, precisamente los ministros de Justicia y Defensa, suscribieron un Compromiso para la Aplicación de la Jurisdicción Especial para la Paz a los Agentes del Estado, que contiene las pautas de cómo pueden acogerse a esta los militares o policías que sean investigados o hayan sido condenados por delitos cometidos con ocasión del conflicto. 

“En La Habana se negocia el fin del conflicto. La paz es el resultado de lo que hagamos en todos los rincones de Colombia una vez firmados los acuerdos. La firma es solo el comienzo, el gran reto es la implementación. Nuestra bandera es y será la consolidación de la paz. Esta es una tarea en la que todos, todos los colombianos, tenemos algo que aportar y que comenzará cuando saquemos del camino la guerra que nos ha desangrado por 50 años”, expresó el mandatario de los colombianos para referirse a las expectativas para el próximo año, de firmarse el acuerdo final en el mes de marzo.

Los colombianos tienen en sus manos la refrendación del acuerdo final con las Farc acudiendo al plebiscito que debe realizarse en junio. Estamos seguros que la mayoría expresará libremente su voluntad de paz en el plebiscito convocado por el Gobierno y aprobado por el Congreso.