Los habitantes del Catatumbo tienen en este momento un escenario de gran importancia en el que se ventilará la situación que sufre esa subregión nortesantandereana desde que estalló la guerra entre el Eln y la disidencia de las Farc.

Se trata de la Corte Constitucional que considera la falta de prevención, la reacción tardía y la ausencia de políticas sostenibles para la estabilización, como los motivios centrales que desencadenaron esta grave crisis humanitaria y de orden público en esa región del país.

Cuando la guardiana de la Carta Magna habla de “falta de prevención” de inmediato aparece el recuerdo de lo que dijera la Defensoría del Pueblo, en el sentido de que una alerta temprana que lanzó no fue atendida por el Estado y el Catatumbo se conmocionó con el inicio de las hostilidades entre ambos grupos armados al margen de la ley, a mediados de enero de 2025.

Lógicamente, al desatender esa alarma y no leer adecuadamente las señales de deterioro que advertían el escalamiento  del conflicto que en ese solo hecho ya deja más de 100 personas muertas, el Estado se vio desbordado por la sucesión de acontecimientos.

Lo peor de todo es que de nuevo surgen señales de agravamiento porque esa guerra que ya está a punto de cumplir un año no da señales de amainar y, por el contrario, surgen advertencias de que organizaciones como las Autodefensas de  la Sierra Nevada han puesto en la mira a este de por sí martirizado territorio.

Sin embargo, la comunidad catatumbera debe aprovechar que se va a llevar a cabo una audiencia exclusivamente dedicada a tratar lo relacionado con las acciones gubernamentales en aspectos como seguridad, inversiones, sustitución y erradicación de cultivos ilícitos y el plan de desarrollo que le permita superar la multicrisis que ha venido agobiando a esa zona de Norte de Santander desde hace mucho tiempo atrás.

La Corte Constitucional tiene un diagnóstico que deja mal parado al Gobierno nacional que deberá demostrar si existe o no un plan de reacción inmediata frente a las alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo, por ejemplo. 

El Gobierno ha insistido en que el Pacto Catatumbo será la herramienta clave para superar la crisis con inversiones en diversos frentes. 

Pero desde la punto de vista de  la Corte Constitucional la implementación de ese ambicioso plan todavía no ha comenzado.

Es así que para despejar las dudas de los magistrados sobre su efectividad y el temor que subsiste de que pueda quedarse en otra de tantas promesas, esta cita tiene una trascendencia de fundamental.

Al estar a dos meses del primer año de los enfrentamientos entre el Eln y la disidencia de las Farc, es indispensable que haya ese tablero de control para  conocer en qué estado se encuentran cada uno de los componentes del pacto y los avances en otros frentes para la recuperación plena del territorio.

Los catatumberos y nortesantandereanos junto con los magistrados de la Corte Constitucional requieren un reporte detallado porque el fragor de la guerra, las economías ilegales, el abandono, la falta de una adecuada infraestructura vial y la carencia de oportunidades deben ser dejadas atrás. Las causas de la crisis estructural hay que resolverlas realmente o las épocas de repetición seguirán su ciclo de violencia, pobreza y desigualdad.

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