Es casi imperceptible, como programado para que pase inadvertida. Pero, por si los ciudadanos no lo han notado, como les ocurre a las autoridades, hay un clima de intranquilidad creciente que está desestabilizando al departamento.

Las autoridades no lo saben, porque a todo nivel están enfrascadas en una lucha, también sorda, por alinearse lo más cerca posible de los programas de la posguerra, a los que suponen que llegará dinero a raudales.

Por eso, mientras los funcionarios incluso se ponen zancadilla entre ellos, en los pueblos se hacen fuertes los agentes de la violencia, en medio de un clima generalizado de desesperanza y de resignación de las gentes, que preocupa.

El caso del líder popular de La Gabarra Henry Pérez es un vivo ejemplo de la insolidaridad de los gobernantes regionales, de indolencia, de complicidad de todos los nortesantandereanos con la violencia y el delito.

Su desaparición presagia muchas cosas. Quien se lo llevó sabe con certeza lo que ocurrirá si Pérez no regresa. De que lo haga, depende que los movimientos populares, en especial los de la crítica zona de La Gabarra, se mantengan con su espíritu y sus banderas en alto.

Y, fundamentalmente, que los programas de sustitución de los cultivos de coca sigan teniendo el apoyo de los campesinos, como cuando Pérez los lideraba.

A veces, la miopía de los funcionarios del Estado solo les permite ver lo que les interesa ver. Por eso, el caso de este líder campesino y popular, y todo lo que representa, ha pasado casi que inadvertido para las autoridades regionales, que expresan su preocupación, válida, pero injusta, solo en el sentido del secuestro de Ramón Cabrales.

Si alguien en la gobernación pudiera ver más allá de su nariz, se percataría de las muchas cosas irregulares que están ocurriendo en todo el departamento. La violencia extrema, que se traduce en matanzas como las de esta semana, no es aislada, como se la pretende hacer ver.

Obedecen a planes, ya sea con contenido político o sin él, y significan, en algunos casos, la culminación de amenazas colectivas de grupos clandestinos contra los sectores populares, en busca de réditos básicamente económicos y de control territorial.

Lástima que esto no lo sepan los responsables del gobierno en esta parte del país, porque de saberlo, todos estamos seguros de que dispondrían de todo lo necesario para combatir el fenómeno y para denunciar a los causantes.

Lamentable que la mototaxista de Sardinata o los técnicos de sonido de El Zulia o los drogadictos de los barrios cucuteños o los asesinados en Los Patios y en Villa del Rosario y en Puerto Santander y en otros pueblos no despierten ni la diligencia de las autoridades civiles ni la actividad de los organismos de seguridad.

En el caso de Pérez, hubo personas que vieron quiénes se lo llevaron; otras presenciaron, en los días previos, los movimientos de hombres armados. Pero, en ese clima de intimidación que surge cuando el Estado no solo no responde sino que mira a otro lado, nadie habla, nadie sabe nada, nadie quiere ser el próximo muerto...

Por estas actitudes, todos terminamos siendo cómplices, o por lo menos, encubridores de quienes quieren desestabilizar a un departamento que tiene las claves de gran parte del proceso de paz.

Cómo hubiera sido de útil, para Catatumbo, para Norte de Santander y para Colombia, que el conversatorio de ayer con el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, se hubiera dado en Tibú, en vez de Ocaña.

Es allí, en esa zona petrolera, donde se debe buscar. Porque, como bien lo saben los campesinos, la aguja se busca donde se perdió. No en otra parte.

Y la calma, aunque resulte difícil aceptarlo, es como esa aguja perdida.