Da a entender Rojas que si Ramírez otorga la concesión contravendrá leyes vigentes, puesto que les pide a los organismos de control (Procuraduría, Personería y Contraloría) “que adelanten las actuaciones administrativas” que les competen.

Durante el mandato de Donamaris Ramírez, los cucuteños tuvieron mucha tela para cortar en torno de algunos proyectos municipales, muy sensibles, por el valor económico, como el relativo a entregar en concesión servicios y funciones de la secretaría de Transito, o el de la modernización del alumbrado público.

En ambos casos, la calle se ha llenado de rumores insistentes que no dejan bien parada la integridad del alcalde y de algunos de sus subalternos. Tal vez las razones para la especulación tengan que ver con el monto de cada contrato, que se tasa en muchos miles de millones de pesos.

Esas millonadas, considera con toda razón la opinión pública, son siempre sumas de dinero que ponen a prueba la honradez tanto de los funcionarios como de los concesionarios y aún la de la población misma.

Desde luego, la imagen en la opinión sería otra, muy diferente, si todos los asuntos relacionados con grandes contratos se manejaran con toda seriedad, pero, y esto es muy importante, con la transparencia suficiente para que a nadie quede duda de que lo que se hace es lo que se debe hacer, según las normas legales y la ética.

Pero, en notoria muestra de falta de respeto para los ciudadanos, el alcalde en primer lugar, y luego los concejales y los órganos de control, en interminable derroche de palabrería, callan mucho más de lo que dicen. Y, así, conjeturar en un sentido u otro es, quizás no válido, pero sí entendible.

Faltan al respeto porque, en plata blanca, los ciudadanos son sus patronos y merecen que los funcionarios les den cuenta hasta del último centavo del erario. Al fin y al cabo, ese dinero lo ponen ellos cuando pagan impuestos, y todos y cada uno de los funcionarios elegidos solo obedecen un olvidado mandato restringido.

En medio de esas mareadoras cifras de millones y millones, la insistencia, a veces irreflexivamente terca, se hace sospechosa. Y en Cúcuta esa parece ser la manera de administrar lo público: rodeado todo de sospechas y de rumores.

Por eso, no parece extraña, pero sí desacostumbrada y fuera de sindéresis la dura advertencia del alcalde electo, César Rojas, a Ramírez, para que no extienda una concesión del alumbrado público que está vigente por dos años más.

Ese tema de la posible prórroga ha sido ventilado en el Concejo en otras oportunidades, en este último año sobre todo y lo que se ha dejado entrever es que no es lo más conveniente para la ciudad y por eso ha sido negada su aprobación.

Da a entender Rojas que si Ramírez otorga la concesión contravendrá leyes vigentes, puesto que les pide a los organismos de control (Procuraduría, Personería y Contraloría) “que adelanten las actuaciones administrativas” que les competen.

En pocas palabras, Rojas sospecha algo del actual alcalde, y de paso entrega una cuestionable lección inicial, por cuanto considera que Ramírez actuará contra las leyes, y no se espera que alguien que se alista para asumir la alcaldía presuma, sin tener pruebas, de que su antecesor no actúa de buena fe.

¿Qué hay muchos rumores sobre algunos intereses particulares en torno de esa concesión del alumbrado público? Sí, pero nadie tiene el derecho, tampoco la facultad, de anticipar de qué manera actuará un funcionario. También podrían los ciudadanos prevenir a los órganos de control para que estén atentos, basados en el supuesto de que el nuevo alcalde podría actuar contra las normas.

En cuanto a la falta de fundamentos de ley de que acusa Rojas a Ramírez, pues siempre lo correcto es señalarlos, no enunciarlos en abstracto, como no lo es dejar en el aire un aroma de amenaza al señalar que revocará “cualquier actuación que se oponga a las normas vigentes”.

No está demás decir que un alcalde no es ni juez ni fiscal, y que lanzar la advertencia lo pone en el mismo plano en los comentarios populares que, desde hace rato se preguntan ¿qué es lo que hay detrás de la concesión del alumbrado?