La Corte Suprema de Justicia de Panamá (CSJ) ordenó detener de manera preventiva al expresidente de ese país Ricardo Martinelli, ahora investigado por al menos seis cargos graves, entre los que se incluyen cobro de sobornos, venta de indultos, malversación de fondos públicos y espionaje masivo.

Martinelli lleva un año fuera de Panamá y se declaró inocente, pero igual la CSJ tiene la facultad de oficiar a Interpol para que lo arresten y lo pongan en el Itsmo a disposición de la Justicia.

Que Martinelli acuse a su antiguo aliado electoral y amigo, el presidente, Juan Carlos Varela, no incidirá en nada en el camino que siga la Corte.

Si Varela abusa del poder, no es diferente de lo que hizo Martinelli durante su gobierno, en el que trató, incluso en violaciones a las leyes penales, emular al colombiano de Álvaro Uribe Vélez.

El espionaje masivo del que lo acusan fue, en realidad, un sistemático uso de escuchas ilegales a eventuales enemigos políticos, empresarios y periodistas de Panamá. Como en Colombia. Allá fueron 150 personas; acá, no se sabe aún.

A chuzar teléfonos, Martinelli y su gente aprendieron de Colombia. Falta ver que acá les hayan brindado asesoría técnica en cuanto a métodos y, sobre todo, a eludir las consecuencias de actos repudiables como este. No sería raro.

Pero ni los gobiernos de Martinelli y Uribe son los únicos acusados de ir más allá de las leyes para enterarse en secreto de lo que dicen por teléfono sus enemigos, ni Panamá y Colombia son los únicos países donde, está comprobado, se llegó a esos métodos.

Quizás no sea exagerado decir que todos los gobiernos de la Tierra acuden a métodos similares. Pero tal vez no todos se pasen de la raya, como en nuestros países, en los que, además, a pesar de las pruebas, los responsables lo niegan.

Pero, estos matices y detalles no son las únicas diferencias ni con los otros ni con Panamá, país del que hay lecciones que aprender.

Hay aspectos de mayor fondo, que no nos favorecen y, por el contrario, nos dejan mal parados ante la opinión internacional: los relacionados con la aplicación de las leyes y la Justicia, y la impunidad para los poderosos.

Los jueces en Panamá llegaron hasta Martinelli; acá ni siquiera han tocado a los círculos más cercanos de la cúpula del poder. De nada le ha servido al que es quizás el hombre más rico del país vecino para evitar la acción de la Justicia. En Colombia se tiene la sensación de que eludir a la Justicia y ser impune es una gabela de quienes usufructúan o el poder político o el económico o el que sea.

Y esa sensación tiene mucho fundamento: el delito de cohecho lo cometen siempre, ineludiblemente, dos personas: una que da a un funcionario para que o haga o deje de hacer algo, y otra que recibe. Sin embargo, este es el único país en donde, por ese delito, solo fue a la cárcel quien recibió. Nadie más. 

Por los terribles episodios del Palacio de Justicia, salvo el coronel Plazas, en libertad desde hace pocos días, nadie del alto gobierno de entonces ha sido al menos procesado, a pesar de que el expresidente Belisario Betancur se declaró único y máximo responsable de lo ocurrido.

En todas partes la Justicia tiene los ojos vendados. Es símbolo magnífico. En Colombia, esa misma Justicia se levanta la venda, descarada, para ver quién está al frente y decidir en consecuencia.