Quienes se toman la justicia por sus propias manos son tan criminales, o más, que los delincuentes a los que se plantean sancionar: están atentando contra la vida de las personas, y eso es delito. El más grave de todos.

Hace unos meses, con los primeros intentos de linchamientos de personas sospechosas de cometer delitos en ciudades de la costa Atlántica, se advirtió aquí de lo que podría suceder si no se frenaba de inmediato esa siniestra tendencia de aplicar la justicia privada.

Justicia que no es justicia sino venganza, y a veces no tanto contra quien cae en manos de los justicieros, sino contra el sistema judicial que, en últimas es el que permite que algunos delincuentes salgan libres pocas horas después de ser entregados a la fiscalía y los jueces por los organismos de seguridad.

A nadie le gusta ver en la tarde en la calle, sonriente y tranquilo, a quien, en la mañana le puso un cuchillo en el vientre para robarle el celular o el dinero y que luego fue capturado por razones de mera suerte de la Policía más que como consecuencia de un trabajo sistemático.

Pero, y en esto es necesario que tanto jueces como policías le expliquen a la opinión con claridad el contenido de la norma jurídica, ningún juez está obligado a privar de la libertad a un sospechoso de cometer determinados  delitos y otras circunstancias como antecedentes criminales o si hay la convicción de que esa persona no representa un peligro grave e inminente para la sociedad.

No es por capricho de los jueces o por negligencia de los fiscales o falta de experiencia de los policías, que ese delincuente del celular esté en la calle libre el mismo día. Es porque la ley lo determina así, y establece sanciones para el juez que se equivoque y no actúe como es.

Lo grave de todo esto es que hay una creciente y definitiva percepción de impunidad entre los ciudadanos, que consideran que la justicia está fallando en materia grave, y que como de parte del Estado no hay justicia para el carterista o para el asaltante, los vecinos pueden convertirse en jueces, parte y verdugos de un sospechoso que caiga en sus manos.

Y ese es un tipo de tendencias sociales que puede desbordarse y determinar tragedias de las que nos lamentemos todos.

Como con otras realidades, ha faltado ilustración para la gente, a fin de que entienda que esa aparente impunidad está respaldada por normas del Estado y para nada tiene que ver ni con negligencia ni con desidia ni con posibles errores de los funcionarios encargados de la aplicación de la ley.

Pero de alguna manera el gobierno tiene que acabar con esa costumbre que, en este caso sí, está haciendo ley y que nos muestra como sociedad elemental, salvaje y alejada de todo sentido de la comprensión de la realidad.

Quienes se toman la justicia por sus propias manos son tan criminales, o más, que los delincuentes a los que se plantean sancionar: están atentando contra la vida de las personas, y eso es delito. El más grave de todos.

Linchar es uno de los delitos más repudiables: comienza con una sospecha, muchas veces infundada, aliena a toda una comunidad, y “todos a una, como en Fuenteovejuna”, le arrancan la vida al pobre ciudadano que, quizás inocente, como sucedió recientemente en una población del centro del país, es escogido como el chivo expiatorio de los pecados de todos.

Y de las consecuencias de esos actos ciegos y al calor de una ira inexplicada e incontenible, todos somos responsables: el gobierno, los involucrados en ese horrible acto, y los demás, que nada hacemos por ayudarnos a convencer entre todos que la ley puede ser dura o injusta, pero es la ley y hay que respetarla.

Nadie está por encima, pero con acciones de justicia privada son muchos los que se ponen por fuera de la ley.