Esta vez la entidad nos vino a recordar a los colombianos que estamos cruzando un nuevo período de violencia desbordada que parece no tener fin y que ha golpeado con especial rudeza a Norte de Santander, fue el Comité Internacional de la Cruz Roja.

Víctimas de las minas antipersona,  desplazamientos, confinamientos y desapariciones son las diferentes fases del conflicto interno que se han vuelto a disparar tanto en el país como en el departamento, cinco años después de la firma del acuerdo de paz con la desmovilizada guerrilla de las Farc.

Y en la dramática estadística que lleva el organismo internacional, este territorio fronterizo aparece entre los más afectados según este listado: Antioquia, Arauca, Bolívar, Cauca, Córdoba, Chocó, Norte de Santander, Nariño y Valle del Cauca, así como Caquetá, Putumayo y Guaviare.

Dolorosa la situación que se registra  en el caso de las zonas en que son ‘sembradas’ con artefactos explosivos por parte de las organizaciones armadas que en el país han dejado 486 víctimas, 137 de ellas, en Norte de Santander.

Lo peor es que la mayoría resultan siendo civiles que no tienen nada que ver con estas acciones armadas, siendo campesinos y ciudadanos que en desarrollo de sus actividades diarias deben cruzar por esos territorios ‘minados’ que son utilizados por las organizaciones ilegales como áreas para protegerse del enemigo.

Y adicional a esos efectos sobre la vida y la salud de los pobladores, también se encuentra el de cercenarles derechos a los niños para ir al colegio o a los campesinos de poder ir a  hacer labores de riego en sus parcelas, porque los campos minados se encuentran precisamente en el camino por donde ellos deberían transitar.

Producto de que el fragor de la conflictividad armada no ha cesado, ya 2022 empieza a marcar como un año peor que el que pasó, pues entre enero y febrero ya se registró el equivalente al 25% del total de víctimas por artefactos explosivos documentados en 2021.

Y confirmando la preocupación ciudadana por el impacto que sobre Cúcuta está teniendo el conflicto armado, el CICR consideró en su informe correspondiente a 2021, incluyó a sectores como Palmarito y Banco de Arena entre los afectados por el desplazamiento interno. 

No olvidemos que la zona rural cucuteña, donde ahora los cultivos ilícitos también tienen presencia y donde hay una guerra entre la guerrilla del Eln y las bandas criminales, el año pasado se registraron masacres y otros hechos violentos.

Sería interesante  que la Gobernación, las alcaldías de Cúcuta, de Villa del Rosario y de las localidades del Catatumbo, junto con las autoridades policiacas y militares y organismos defensores de derechos humanos, al igual que la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y las personerías, tuvieran en cuenta el informe del CICR.

No solamente que se utilice el reporte estadístico y los comentarios vertidos en él para tenerlo como un  análisis independiente, sino que sirva de base para indicarle al Gobierno Nacional la urgencia de revisar lo que se está haciendo en el campo de la seguridad y en la lucha contra el narcotráfico y las organizaciones al margen de la ley.

Y es que Norte de Santander merece una valoración especial, porque el departamento se ha convertido en un lugar donde se refleja  lo que ocurre en todo el país en materia del conflicto armado interno, con la operación de la disidencia de las Farc, el Eln, los carteles mexicanos de la droga, las Autodefensas Gaitanistas, las bandas criminales, al igual que la presencia de grupos como el Tren de Aragua, entre otros.

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