Pudiera decirse que un mar de dudas quedó gravitando con el informe del año pasado sobre el comportamiento de la inseguridad y componentes como el homicidio y el robo, en donde el primero descendió y el segundo registró un considerable aumento de casos.
Queda al descubierto, por ejemplo, un gran margen de diferencia entre las cifras de muertes violentas referenciadas por Medicina Legal (255) y la Policía Metropolitana (241). Esa es una disparidad recurrente que al ciudadano, aparte de generarle suspicacia e inquietud, le alimenta su incredulidad frente a los datos.
Aunque al hacer las comparaciones estadísticas se notan reducciones en los homicidios y en el sicariato, la dura realidad muestra que cada 28 horas asesinaron a una persona en el área metropolitana y que ese promedio sangriento se rompió en algunas ocasiones porque los pistoleros actuaron con escasa diferencia.
En ese campo es donde radica una parte del problema referente al aumento de la percepción de inseguridad entre quienes residen en la capital nortesantandereana que, por ejemplo, en 2021 ocupó el puesto 46 entre las 50 ciudades más violentas del mundo, al figurar con una tasa de 33 homicidios por cada 100.000 habitantes.
En el año que terminó, según el dato de la Policía, la tasa de asesinatos por cada 100.000 habitantes fue de 28,8 en la región, mientras que en el país la Fiscalía General de la Nación reportó 13.000 asesinatos y el Centro de Análisis de Datos de la Universidad Externado de Colombia calculó la disminución de un punto en la tasa de homicidios en el país.
El reporte policíaco entra a hacer parte de los insumos para poder tener una radiografía del ámbito criminal local y poder usar esos diagnósticos para actuar y operar.
Y aquí vienen entonces los necesarios cuestionamientos a la Alcaldía de Cúcuta, a la Gobernación y al Gobierno Nacional, sobre las tareas y resultados que desde sus órbitas han desarrollado y proyectan efectuar.
Desde esa óptica, el solo hecho de figurar en el listado mundial elaborado por el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal de México debería ser suficiente para reforzar, cambiar y mejorar todo lo atinente a la seguridad del ciudadano.
En el Palacio Municipal, en la Cúpula Chata y en la Casa de Nariño deben, más que entender, actuar sabiendo que para lograr la seguridad hay que adelantar acciones integrales para sofocar todos los elementos generadores de los homicidios, atracos, robos de celulares, tanto desde la parte operativa y de control, así como en la pronta aplicación de justicia, al igual que superar problemas de desigualdad, desempleo y pobreza extrema.
Nada de lo que tiene que ver con la inseguridad puede dejarse al garete, porque aunque nos parezca un detalle ínfimo, en el informe policial del año pasado se referencian dos casos de linchamiento, en hechos de justicia por mano propia, lo cual debe llevar a la reflexión sobre la urgencia de rescatar la credibilidad ciudadana en las instituciones que cuidan su vida, honra y bienes.
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