No puede caerse en la indiferencia ante tantas situaciones adversas que asedian a Colombia. A los problemas de desigualdad social, pobreza, corrupción, narcotráfico, violencia persistente y violación de los derechos humanos, entre otros, se sumó inesperadamente la pandemia del coronavirus con su letalidad y todos los demás efectos desastrosos para la salud y la existencia de la comunidad, en general.

Este colapso del virus es de proporciones  extremas y el desgarramiento que causa es a profundidad y no será fácil recuperarse de los deterioros que se han estado acumulando.

Como si ese agobio abismal fuera poco, el Gobierno le encimó al país un asfixiante proyecto de reforma tributaria, del cual tuvo que arrepentirse y retirarlo.

De todas maneras, precipitó la inconformidad y le abrió espacios a la protesta social, sin dar muestras de voluntad de entendimiento con los sectores que reclaman soluciones a las carencias recurrentes.

Mientras en el paro se desarrollaron diversidad de incidentes, en medio de incertidumbres desalentadoras por la falta de coherencia en las  acciones oficiales, se destapa la intención de la Procuraduría de archivar más de 10.000 procesos disciplinarios que están a cargo de esa entidad.

Son investigaciones de varios años, de casos relacionados con el manejo de recursos públicos en forma presuntamente ilícita.

Los expedientes que se convertirían en basura a partir del 1 de julio del año en curso son de actuaciones graves por parte de servidores en diferentes entidades del Estado. Es el manejo de recursos con violación de la ley y por consiguiente detrimento  de distintos montos. O faltas disciplinarias.

No hay que olvidar que la corrupción en Colombia alcanza niveles sorprendentes: al país, según los propios órganos de control, se le sustraen anualmente unos 50 billones de pesos por cuenta de los malos manejos que hacen de sus recursos funcionarios con capacidad de manejo. Es una cifra considerable, con la cual podrían atenderse necesidades de los llamados más vulnerables, pero que se desvían para el enriquecimiento ilícito de unos pocos expertos en la picardía.

Uno de los rubros más afectados en ese tráfico de asalto al erario es el correspondiente a la alimentación de los estudiantes. Son repetidos los escándalos por las irregularidades en la contratación de ese servicio y el aprovechamiento de contratistas inescrupulosos en detrimento de un servicio destinado a la alimentación alumnos de los establecimientos de enseñanza.

En el entramado de corrupción con recursos oficiales también está el escándalo de Reficar, por el cual se ha producido fallos condenatorios por parte de la Contraloría General de la República.

Entre los más de 10.000 expedientes que terminarán en el basurero están muchas investigaciones por graves irregularidades. Pero la dinámica de los organismos de control está a contravía de la eficiencia que podría llevar a las sanciones que deben recaer en quienes son responsables de tantos desvíos contra el patrimonio público. La disposición de llevar al basurero los que podrían considerarse parte de los emblemáticos episodios de corrupción constituye un colapso en beneficio de la impunidad. Es un trofeo para los corruptos. Es también un golpe de profundiad para la institucionalidad colombiana, tan cacareada cotidianamente.