Los casi cinco meses que han trascurrido desde que el presidente Nicolás Maduro cerró la frontera entre Norte de Santander y el Táchira, de poco o nada han servido para avanzar en los complejos asuntos que según el mandatario venezolano lo llevaron a tomar tan drástica decisión.

Desde entonces poca acción han tenido las comisiones bilaterales que se crearon para avanzar conjuntamente en la lucha contra el contrabando, el paramilitarismo y la criminalidad en esta, una de las fronteras más dinámicas de América.

Al poco tiempo de haber visto la luz, se quedaron en meras intenciones por la escasa cooperación y los desacuerdos que hubo entre los delegados de los dos gobiernos. Luego llegó la época electoral en Venezuela, lo que postergó hasta hoy el trabajo conjunto en estos frentes.

Mientras tanto, los problemas por los que el gobierno bolivariano tanto se acusó a Colombia y que generaron el cierre de los puentes internacionales, parecen no haber cambiado, simplemente se han trasladado: ahora ocurren en el mundo que se mueve debajo de los puentes, es decir en el de las trochas.

No se necesita ser un investigador experimentado ni un gobernante inteligente para darse cuenta de esta realidad: el cierre solo ha bloqueado los puentes, pues las trochas están completamente libres.

Por estos caminos ilegales no solo se mueve lo que antes del cierre pasaba sin restricción –gasolina, medicinas, víveres, enseres, carne, entre otros productos– y a plena luz del día; ante la negligencia de las autoridades fronterizas del país vecino, también este se han convertido en el único camino para pasar de un país a otro, convirtiendo las más de 50 trochas que nos comunican en una mina de oro para quienes manejan el poder en la zona.

Lo complejo de este asunto, y a la vez lo irónico, es que esas organizaciones de paramilitares de las que tanto habló Maduro en agosto son las mismas que hoy, aliadas con la guardia nacional de su país, han conformado una insólita sociedad económica que cobra a su antojo por cada persona que necesite cruzar la frontera.

De su accionar han sido testigos y víctimas los habitantes de las diversas comunidades de San Antonio del Táchira y Ureña, al borde de la línea fronteriza y algunos venezolanos que hoy trabajan en Cúcuta y que por las fiestas de fin de año fueron a Venezuela a visitar a sus familiares y se enfrentaron a esta empresa de extorsión cuando intentaban regresar a su trabajo en esta ciudad.

Cruzar de un lado a otro cuesta en promedio 10 mil bolívares (50 mil pesos): dos mil para los paramilitares ubicados a lado y lado de la frontera, otros dos mil para cada guardia venezolano que está sobre el río (suelen ser varios) y cuatro mil para el guía. Al regreso, el monto se cobra igual.

Sin hablar del contrabando que sigue cruzando la frontera con el mayor descaro ante la mirada cómplice de la guardia,  de quienes se dice, utilizan vehículos militares para tal fin, esta dinámica es un profundo golpe en el estómago para los cientos de trabajadores y empresarios que hoy están a punto de la quiebra por el cierre fronterizo.

Permitirla, es una muestra más de la complicidad de los alto gobierno de Venezuela con la corrupción. Es una prueba de la hipocresía que manejan y de que realmente la formalidad de la frontera les tiene sin cuidado.

Seguir alimentando el poder corruptor de la guardia puede terminar siendo, en el corto plazo, un problema para el mismo Nicolás Maduro. Por ahora, quedan en entredicho las razones que adujo para echarle candado a la frontera y también su poder como jefe de estado. Mientras la guardia y los ‘paras’ siguen  llenando sus guacas, miles de venezolanos dependen de la voluntad de este entramado de corrupción en quienes reposa hoy todo el poder fronterizo.