¡Qué mal huele Cúcuta desde hace un buen tiempo! Es el repudiable reino de la hediondez y de la putrefacción enquistado en la esfera del poder político y la administración pública.

Cada día, un episodio más escabroso que el del anterior, sale a la luz, pero ya ni siquiera sacude los cimientos morales de una comunidad anestesiada por la costumbre de ver pasar, impertérritos, inmunes e impunes, uno tras otro, a tantos corruptos y a sus favorecedores, en desaforada búsqueda de oportunidades para llevarse los dineros del Estado, los recursos de todos.

¿Hasta cuándo los cucuteños honrados van a permitir que para el resto de Colombia esta ciudad sea, a la vez, la Sodoma y la Gomorra de la corrupción más infame, de la inmoralidad más absurda, de la impunidad más inquietante?

¿Por qué los cargos públicos deben ser solo para unas cuantas familias, cuestionadas y señaladas en su mayoría, nepóticas dinastías de corruptos redomados?

¿Cómo una sociedad como la nuestra no se levanta contra episodios como el de estos días en torno de la Contraloría local? Que Cúcuta esté huérfana de un fuerte liderazgo moral no significa que esté condenada a una horrible noche sin mañana. Hay que reaccionar, es necesario poner punto final.

Dos ingenieras agrícolas —¿tendrán, de verdad, idoneidad?—, muy amigas, se presentaron como aspirantes al cargo de Contralor de Cúcuta. La una es Álix Yirley Vargas Torrado, esposa del excandidato a la alcaldía Jorge Acevedo; la otra, Viviana García Martínez.

Las dos amigas eran directivas de la Fundación Promover Desarrollo Social y Humanitario, suspendida en 2010 por decisión unánime de sus fundadores. Las dos amigas, sin embargo, según denuncia penal de los socios, decidieron hacer trampa: mantuvieron la fundación abierta, dijeron haber sesionado con todos los demás, sin contarles a ellos, claro, y recibieron millonarios contratos oficiales.

Vargas, que por razones nunca explicadas quedó de única candidata, no ha podido ser elegida, porque en el Concejo han votado en blanco. Y argumentos parece que no han faltado… No es cualquier cosa ser acusado ante la Fiscalía de falsedad en documento privado, falsedad personal y concierto para delinquir.

Tampoco es fácil considerar que las acusaciones son deleznables o que las hicieron personas que solo pretenden convertirse en obstáculo en el camino de la candidata. Son sus exsocios, sus excompañeros, sus examigos, suponemos, y les asisten la razón y las leyes.

Desde luego, ella se presume inocente. Pero el hecho de que ni siquiera haya intentado negar públicamente los cargos la convierte en una candidata sin legitimidad que, si fuese elegida, haría sospechosa cualquier actuación en torno de la administración municipal.

Pero, aun así, desde diversos sectores políticos, en especial los que están en el poder, se insiste para la Contraloría en el nombre de Vargas, cuestionada como está, con la justicia encima, con todo el tiempo destinado a su defensa…

¿Cuál es el motivo para esa insistencia? ¿Por qué la administración, que se supone va a ser la vigilada por la Contraloría, presiona, según rumores, para que Vargas y ninguna otra persona, aunque sea idónea, sea la elegida?

Desde ahora vale la pena preguntar: un eventual proceso penal contra este par de ingenieras ¿será, en verdad, garantía de pulcritud y ejemplo de justicia? La pregunta tiene fundamento en lo sucedido con otros procesos penales en los que los acusados han sido personajes de la política local, incluso funcionarios…

Porque además de la corrupción y de la inmoralidad y del nepotismo y de tantas prácticas antiéticas en el sector público, hay que tener en cuenta la impunidad de la justicia local, como factores que la sociedad debe rechazar con energía. Claro, si le interesa que Cúcuta sea la ciudad que debe ser…