Poco a poco, la Justicia va haciendo conciencia de que el dinero del Estado es de todos y, aunque fuera solo por eso, debe ser cuidado con el máximo celo por todos los funcionarios a los que les corresponde, por funciones, disponer de él en cualquier sentido.

La costumbre ha sido la de generar gastos a costa del erario, sin la menor planeación, sin ningún cuidado, simplemente con el criterio de que, como señala el refrán, “lo que no nos cuesta, ¡hagámoslo fiesta!”

Obras sin ningún sentido, que antes de terminadas ya están convertidas en elefantes blancos; decisiones sin consultar, que generan muchos más costos que beneficios; actos negligentes e irresponsables que causan enormes pérdidas para las finanzas públicas, son apenas una muestra de lo que los burócratas le causan al Estado con el criterio de que como no es su dinero se puede disponer de él sin la menor precaución.

Pero, por fortuna, repetimos, criterios como el de que el funcionario deberá responder, en forma solidaria, con el estado o con particulares o con quien sea, por las deudas que generen sus decisiones, están comenzando a ser aplicados en los organismos de Justicia.

El Consejo de Estado, por ejemplo, acaba de condenar a un alto oficial, ya no por gastar de manera irresponsable o inconsulta, sino por no prevenir la que, pocos días después, se convirtió en una de las páginas más negras de la historia militar colombiana:  la toma del cerro de Patascoy por las Farc en Nariño.

El 21 de diciembre de 1997, a entre 150 y 200 guerrilleros de los frentes 14, 15, 32, 48 y 49, del Bloque Sur de las Farc, les bastaron 15 minutos para tomarse ese enclave estratégico que controlaba las comunicaciones del sur de Colombia: mataron a 10 soldados y se llevaron vivos a 18.

La base militar estaba a cargo de unos 35 soldados desmoralizados por la falta de comida y las inclemencias del clima, comandados por un teniente que al parecer fue el primero en morir.

Ninguna de las más de 100 fallas de seguridad que detectó la inteligencia militar fue subsanada a tiempo, por la irresponsabilidad y negligencia del coronel Álvaro Ruiz Hernández, comandante del batallón Boyacá, responsable de la base del Patascoy, a pesar de que desde septiembre había informes concretos de lo que preparaba la guerrilla.

Las familias de los soldados demandaron a la Nación y ganaron, por lo cual debieron ser indemnizadas con millonarias sumas que debió pagar el ministerio de Defensa. Y Ruiz pensó que todo quedaba allí…

Pero el Consejo de Estado falló que Ruiz deberá reembolsarle al ministerio de Defensa lo pagado a 21 personas por concepto de indemnizaciones que suman entre 50 y 100 salarios mínimos mensuales vigentes.

La razón es que esas indemnizaciones no debieron producirse si la base de Patascoy hubiera sido acondicionada como lo recomendaron los expertos.

Pero la desidia de Ruiz, que entregó el mando del batallón Boyacá solo una semana antes del arrasador ataque, facilitó la toma, las muertes y la catástrofe, y generó las indemnizaciones, en especial porque el coronel no dio siquiera una recomendación sobre la seguridad de la base.

¿Cómo hará Ruiz para reembolsar al Estado lo pagado? No se sabe, pero tendrá que hacerlo. Como tendrán que hacerlo otros funcionarios a los que la Justicia sanciona, por irresponsables, negligentes e imprudentes. Por hacer fiesta con lo que no les cuesta, lo ajeno...

Lo grave de todos estos fallos, que incluyen multas e indemnizaciones, de ordinario quedan impunes: casi nadie paga. La suma que se le debe a la Nación por estos conceptos es realmente monstruosa. Se mide en decenas de billones de pesos, lo cual hace urgente buscar mecanismos que aseguren el pago.