En Cúcuta se han llevado a cabo diversas operaciones de extinción de dominio de millonarias propiedades raíces por tener relación directa con las famosas economías ilícitas que en esta región han tenido tierra fértil, producto del conflicto interno, el multicrimen y su ubicación fronteriza.
Lujosas viviendas, haciendas, locales comerciales, parqueaderos, bodegas, terrenos, apartamentos y fábricas fueron tomados por el Estado bajo esa figura y trasladados a la Sociedad de Activos Especiales.
Hace pocos días, la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos intervino unas casas de cambio en la ciudad, e incluso por estar directamente relacionados con el tráfico y venta de medicamentos falsos, ocho establecimientos y dos sociedades fueron a parar a la SAE, en una operación de la Fiscalía y la Policía.
Definitivamente, siguen explotando poco a poco las ‘burbujas’ generadas por el lavado de activos y el testaferrato, mecanismos a los que acuden poderosas organizaciones delictivas para intentar esconder y sanear sus capitales mal habidos.
Al ritmo cada vez más creciente de estos ‘golpes’ surge un interrogante que después derivará en muchas más inquietudes. ¿Alguien lleva una contabilización de cuántos bienes cobijados por esas medidas en Cúcuta y Norte de Santander han ido a la SAE? ¿Cuánto es su valor comercial total? ¿Se los han entregado a alguien? ¿Qué pasó con ellos?
Esa acumulación de preguntas es pertinente si tenemos en cuenta la sorpresa que tuvo el país cuando un debate en el Congreso puso al descubierto que la SAE no tiene la más mínima idea de cuántos bienes tiene en su poder, advirtió el recién llegado director Daniel Rojas Medellín.
Y para confirmar el desorden que existe, la Contraloría General de la República detectó que el 57,5% de los bienes que están bajo esta figura no reporta estado físico (16.283 de los inmuebles), además el 48% carece de avalúo comercial (29.109 registros).
Un inventario del organismo de control fiscal señala que a diciembre del año pasado había 6.677 lotes, 5.082 casas, 3.743 garajes, 3.597 fincas, 3.282 apartamentos y 2.184 locales comerciales y 3.778 otros inmuebles. La mayoría se ubica en Valle (7.550), Antioquia (4.369), Bogotá (2.777), Cundinamarca (1.684), Meta (1.343), Córdoba (1.318), Atlántico (1.227) y 8.075 en otros departamentos.
Desde su posesión, el presidente Gustavo Petro anunció que todos los bienes en extinción de dominio de la SAE pasarán a ser la base de una nueva economía productiva administrada por organizaciones campesinas, que favorecería a muchas personas que requieren ese tipo de apoyo en Norte de Santander.
Y por qué decimos que favorecería y no lo ratificamos, pues porque parece que el monstruo de la corrupción encontró en los bienes extinguidos un suculento banquete para regodearse. Es pertinente que la Fiscalía reconstruya el inventario de bienes en extinción de dominio que se le entregó a extinta Dirección Nacional de Estupefacientes, hoy SAE.
Será de tal magnitud lo que descubrió la Contraloría, que los avalúos de una importante porción de viviendas y terrenos no superan los 100.000 pesos. Algunas pruebas señalan que una finca de 112 hectáreas está avaluada en 64.000, un lote con construcción de 780 metros cuadrados está avaluado en 4.300, y un garaje de 12 metros cuadrados en buen estado, un exclusivo sector de Bogotá́, aparece con un avalúo de 35.000 pesos.
Se imaginan eso. Entonces los que han extinguido en Cúcuta y el departamento estarán valiendo centavos en este que podría ser el peor caso de corrupción en la historia.
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