¿Puede alguien robar la comida de los niños más pobres? Pero, ¿será que el hombre se atreve a tanto, en un país donde hay niños que mueren de hambre? Pues sí. Y parece que no hay límite, si se tiene en cuenta que solo en La Guajira no aparecen 47.400 millones de pesos del Plan de Alimentación Escolar (PAE).
Pero, no hay que ir tan lejos, para comprobar que el dinero destinado por el Estado para dar de comer a los niños en las escuelas es fuente de corrupción, que de ordinario, y en criterio de la ministra de Educación, Gina Parody, ha ido a financiar campañas electorales.
En El Zulia, a los niños les dan comida descompuesta. Los hongos son la señal. Y así fueron encontradas hace dos días algunas bolsas plásticas con los alimentos que entregan a los niños de la escuela Marco Fidel Suárez.
Allí, el PAE lo administra la Corporación Social Tanai Jawa, de Bogotá, que al parecer maneja unos estándares de calidad y de salubridad que dejan, en verdad, mucho campo a los cuestionamientos.
Pero, al menos en El Zulia el PAE está activo, porque en Cúcuta, los niños aún no reciben su primera ración. Van varias semanas de clase y el alcalde, César Rojas, aún no lo pone en marcha, pese a que hace ya varios días que se refirió al otorgamiento del contrato a la Corporación de Servicio de Pastoral Social (Cospas), de la diócesis católica local y la Corporación Paz y Futuro.
¿Cuál será el destino del dinero correspondiente a estos días en los que el plan no está funcionando? ¿Se repondrá con alimentos durante las vacaciones escolares, como podría ser la solución, o qué decidirá el alcalde? Las preguntas son válidas, en momentos en que se conoce que el costo de cada ración se elevó hasta 70 por ciento por ración.
En efecto, la llamada ración industrializada que costaba 1.416 pesos, pasó a costar 2,400 pesos, sin que haya mediado un estudio que lo justifique ni señale los beneficios que recibirán los niños. En ese sentido, esto puede tener consecuencias como la posible deserción de alumnos que prefieran quedarse en casa a pasar hambre en el aula.
Es de suponer que, al reajustar los costos, la calidad de los alimentos será considerablemente mejor que la anterior. De no serlo, se necesitarán explicaciones sobre ello y sobre la demora en otorgar el contrato de suministro.
Nadie duda de que la diócesis se esforzará por dar a los niños los mejores alimentos posibles. Pero, cabe preguntar si la contratación se dio luego de que la alcaldía comparó cotizaciones y ofertas de calidad de otros proponentes, como es apenas obvio, o si se limitó a contratar como mejor le pareció.
Porque cuando esto último ocurre, se despiertan las suspicacias lógicas de los ciudadanos, acostumbrados como están a que la corrupción se quede con los recursos que ellos requieren para vivir mejor.
Y, realmente, con el dinero del PAE mucha gente ha hecho fiestas en todas partes. Lo dice la propia ministra Parody, que usa la gráfica expresión de “mafia política” para referirse a toda la podredumbre que se arremolina en torno de los contratos para dar de comer a los niños.
Y no es para menos. Cuando los montos de los contratos llegan a 16.500 millones de pesos en el caso de Cúcuta, o de 45.000 millones en el de Norte de Santander, muchos ojos se abren y muchos apetitos se despiertan. Y con mayor razón, cuando el objetivo de ese dinero es darles comida a los niños, a los que, y no es menester negarlo, los contratistas les resultan con cualquier cosa.
Incluso hongos…
