La corrupción erosiona la confianza, debilita la democracia, dificulta el desarrollo económico y agrava aún más la desigualdad, la pobreza, la división social y la crisis medioambiental.
La anterior descripción de un mal que desde siempre asecha y afecta a Colombia la hace Transparencia Internacional, en el informe que elaboró sobre el índice de corrupción de 2025, en 182 países.
Mientras que 31 países han reducido significativamente los niveles de corrupción desde 2012, el resto no ha conseguido abordar el problema y, si lo han hecho, se mantuvo estancado o empeoró durante el mismo periodo, de acuerdo con el análisis.
Algo preocupante deja sobre el tapete la organización que adelantó la medición, al advertir un panorama de declive a largo plazo en el liderazgo para combatir esa grave ‘enfermedad’.
Y profundiza diciendo que esa reducción en los esfuerzos anticorrupción en el mundo se advierte hasta en las democracias establecidas, como Estados Unidos, Reino Unido y Nueva Zelanda en las que se está experimentando una caída en el rendimiento.
Al observar América Latina, se detecta que el podio de las naciones con mayores índices de corruptos, por su posición en el listado mundial, son Venezuela (10), Nicaragua (14) y Haití (16).
Debemos recordar que dichos países se han caracterizado por los altos niveles de represión, instituciones fallidas o cooptadas y corrupción arraigada, como lo precisan los resultados de esta radiografía.
Colombia, por su parte, en este indicador obtuvo 37 puntos sobre 100. Con este puntaje, el país cae en comparación con 2024 y se ubica por debajo del promedio regional de corrupción que se situó en 42.
Para esta parte del continente no hay nada que celebrar en este asunto, porque por ejemplo tenemos a nuestro vecino entre los países más corruptos del mundo, junto con Sudán del Sur y Somalia.
Y los colombianos tampoco nos podemos dar por bien servidos, ni mucho menos, con lo que está ocurriendo frente a este cáncer que no solamente se carcome los presupuestos, sino que ha derruido los valores éticos y morales.
El resultado de 2025 de este indicador muestra que, tras varios años con puntajes cercanos a los 39 y 40 puntos, el país no logró consolidar una tendencia de mejora en la percepción de la corrupción en el sector público, sino que dio pasos hacia todo lo contrario.
Los análisis de esta naturaleza no pueden quedarse en los anaqueles sino pasar a convertirse en una de las bases para que por fin se empiece a estructurar una real y contundente lucha anticorrupción en Colombia, acompañada de estrategias educativas y culturales.
Es que no podemos seguir asistiendo a bochornosas situaciones en que se roban los dineros de la salud, de la alimentación escolar, de las obras públicas, de la gestión del riesgo y de la contratación en general que está expuesta a la voracidad de la corruptela que corroe todas las estructuras.
Colombia debe pedirles a los candidatos que aspiran a llegar a la Presidencia de la República que expongan claramente sus propuestas contra la corrupción y hagan un compromiso de que en caso de triunfar en las urnas emprendan un plan estratégico para derribar ese imperio.
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