Antes que de la Policía, parece que se hablara del segmento más degenerado de la sociedad, ese en el que todo tiene dimensión de prostíbulo de Sodoma y en el que el sexo a cambio de regalos, de dinero o de favores es la ley predominante.

Y que en el ojo del huracán del escándalo esté el propio director de la Policía, general Rodolfo Palomino, es prueba de que tantas quejas de todo tipo respecto del organismo pueden tener mucho de verdad. Ojalá no todo, porque es demasiado…

El hecho es que la Procuraduría General comenzó un proceso disciplinario en contra de Palomino, por tres razones importantes: el posible incremento patrimonial injustificado, los presuntos seguimientos e interceptaciones ilegales a periodistas, y la supuesta creación y puesta en marcha de una red de prostitución denominada ‘La comunidad del anillo’.

Cargos de tanta gravedad (sin contar los de 11 investigaciones ante la Unidad Delegada en la Corte Suprema de Justicia, y en cabeza del director de la Policía, es decir, del organismo encargado de cuidar que las leyes se cumplan, configuran una situación en extremo delicada y comprometedora.

Pero, algún mérito debe haber en cualquiera de los cargos, si el quisquilloso y escrupuloso procurador general ordenó una investigación que podría determinar, como sucedió con el DAS, la extensión de un acta de defunción de la Policía como es.

Son acusaciones de diversa índole contra un organismo que, se supone, no puede estar manchado, pero lo está, y mucho, y contra un general que desde hace varios meses se debate, preso en su laberinto, entre defenderse, quizás justificarse, y eludir lo que para todos es ineludible: renunciar.

Porque a Palomino le sucede lo que a otros altos funcionarios del Estado que, en medio de la vorágine que los consume vivos, prefieren la deshonra de que alguien los saque a sombrerazos del cargo, a la dignidad de renunciar y poner el pecho ante los investigadores y ante el país.

Que Palomino haya obtenido beneficios patrimoniales de manera ilegal, solo porque era un alto oficial de la Policía, es una acusación muy grave de corrupción. Que él hubiera determinado chuzar, con equipos y otros recursos de la Policía, los teléfonos de varios periodistas, es otro cargo también muy grave, especialmente en momentos en que aún se escuchan los ecos del episodio de escuchas en la pasada campaña electoral.

Pero que la Escuela General Santander, donde se educa a los futuros líderes de la Policía, haya sido convertido en un lupanar, en el que altos oficiales y algunos políticos se disputaban a los cadetes y alféreces (hombres y mujeres) para canjearles favores sexuales por regalos y dinero, es un escándalo sin precedentes.

Hay testimonios que vinculan a Palomino con esa feria de carne joven, cuya existencia quiso denunciar en 2006 la cadete Lina Maritza Zapata, muerta a los 21 años en circunstancias tan misteriosas como silenciadas. Todo parece indicar que no se suicidó, como se dijo, sino que la asesinaron, porque sabía de ‘La Comunidad del Anillo’, el grupo responsable de vender los cuerpos de los oficiales jóvenes a la jauría de oficiales y políticos ávidos de sexo.

De verdad, ojalá todo lo que comenzó a investigar el procurador sea solo un montaje, como lo calificó Palomino. Porque, de ser cierto, Colombia estaría a solo pasos de uno de los más grandes escándalos criminales de su historia.

De todos modos, el general tiene pocas opciones: si es inocente de lo que lo acusan unos y otros, no lo es de ignorar lo que sucede en la institución que le fue entregada para que la dirigiera. Y si es culpable, pues, como dicen algunos viejos, “apague y vámonos”.