Siete menciones de la región nortesantandereana se hacen en el informe anual sobre la situación de los derechos humanos en Colombia por parte del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, correspondiente a 2025. 

La figuración del Catatumbo y Norte de Santander tiene doble connotación. Una, que la espiral de violencia los tiene absorbidos y dos, que esa persistencia lleva a que la comunidad internacional los mantenga en el foco, lo cual en medio de la adversidad representa una ventana para que el mundo monitoreé y reclame detener el incesante conflicto.  

El documento sirve de notificación mundial de que el año pasado la violencia armada los “afectó agudamente” junto con otras regiones, específicamente en nuestro caso la todavía encendida guerra entre el Eln y la disidencia de las Farc.

Ojala la siguiente consideración del Alto Comisionado tenga sus consecuencias: “en este marco, grupos armados no estatales y organizaciones criminales son responsables de desplazamientos forzados, confinamientos, homicidios selectivos, privaciones arbitrarias de la libertad, daños por artefactos explosivos, violencia sexual y reclutamiento y utilización de niños y niñas, particularmente entre la población étnica”.  

En el caso de las masacres el departamento es mencionado en el documento entre los “más afectados” junto con Antioquia, Atlántico y Valle del Cauca por el total de masacres verificadas en el país, que llegaron a 53, con 174 víctimas fatales.

Dentro de esa constancia de todos los acontecimientos atentatorios contra la vida y la seguridad personal figura el aumento del reclutamiento de niñas y niños en Colombia, también comprobado por el organismo multilateral con 150 hechos de esta naturaleza perpetrados por grupos armados no estatales.

También verificó la muerte de 17 niños y 13 niñas en situación de reclutamiento en Amazonas, Arauca, Caquetá, Guaviare, Huila y Norte de Santander, incluyendo fallecimientos ocurridos en, al menos, 4 bombardeos realizados en el marco de operaciones militares, en los que murieron 8 niños y 7 niñas, como lo precisa el informe.

Y vuelve a aparecer Norte de Santander al lado de Arauca, Cauca, Caquetá, Nariño, y la Sierra Nevada de Santa Marta  por el “uso de escuelas por parte de grupos armados no estatales y enfrentamientos entre organizaciones armadas no estatales que interrumpieron clases y pusieron en riesgo a la comunidad educativa”.

Y como si ya todos los hechos anteriores no fuera lo suficientemente perturbadores, la región tampoco escapa a la explotación sexual y la trata perpetradas por integrantes de grupos armados no estatales en Arauca, Nariño, Norte de Santander, la Sierra Nevada de Santa Marta y el Valle del Cauca, incluido contra niñas y mujeres indígenas. 

En esta cruda radiografía de la perturbadora violencia, el Alto Comisionado de Naciones Unidas relacionó que según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, el desplazamiento forzado masivo se incrementó un 85 % comparado con 2024, particularmente por la crisis en el Catatumbo desde enero de 2025, por la disputa a sangre y fuego del control territorial y social y de las economías ilícitas.

Es hora de que la comunidad internacional condene fuertemente el accionar de estas organizaciones armadas, las conmine a respetar el Derecho Internacional Humanitario, a dejar de hostigar a la población civil y a demandar que den pasos reales y duraderos hacia la paz, pero sin que eso signifique que la justicia no imponga castigos, reparaciones y se exija verdad plena.

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